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  • EFE

El Servicio Jesuita para Migrantes denunció hoy las condiciones de los extranjeros en situación irregular que viven en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ya que carecen de derechos "mucho más allá de la privación de la libertad".

La conclusión figura en un informe presentado hoy y basado en visitas a 328 personas internadas en el CIE de Madrid, donde los extranjeros pueden permanecer hasta sesenta días.

Con la premisa de que "Ningún ser humano es ilegal", el informe apunta que los extranjeros con estancia irregular no pueden ser "encerrados" en los CIE para ser expulsados sin garantías legales, como si hubieran cometido un delito.

A los CIE llegan extranjeros que carecen de residencia porque han perdido su trabajo, con hijos de nacionalidad española a su cargo, jóvenes que dicen ser menores inmersos en largos viajes migratorios y extranjeros que han cometido delitos para su expulsión, relata un informe realizado por esta organización religiosa.

Aparte de un millar de visitas al CIE madrileño, los autores del informe han seguido el caso de 55 personas internadas en el de Barcelona, al que no pueden acceder las entidades sociales.

"Es un informe duro, pero más dura es la realidad de los extranjeros que viven dentro de los CIE, a los que se les somete a un sufrimiento gratuito", dijo hoy el jesuita Daniel Izuzquiza, quien recordó al Gobierno español que tiene la oportunidad de resolver todas las deficiencias y vulneraciones de derechos a través de un reglamento, pendiente de aprobar, para regular su funcionamiento.

La coordinadora del informe, Cristina Manzanedo, reclamó mayor transparencia al Gobierno español, al que acusó de criminalizar los CIE.

Entre los elementos negativos, el documento señala las deficiencias físicas de los centros pero también que sus residentes no puedan ejercer derechos como el de ser informados, comunicarse con el exterior o tener contacto con familiares o con entidades sociales.

El jesuita apuntó que en muchos casos el motivo de su internamiento es no llevar la documentación requerida cuando la Policía se la pide en la calle.

Una vez acordado su traslado a los centros para tramitar su expulsión, la ONG denuncia que "no se analiza caso por caso" y que en la mayoría de las situaciones, atendiendo a su estancia irregular, se decreta su salida del país.

El informe también señala que se traslada a potenciales víctimas de explotación sexual, sin asesorarles sobre las posibilidades de defenderse, e incluye relatos de extranjeros que denuncian haber sufrido agresiones físicas dentro de los centros.

Los autores piden revisar lo que consideran modelo policial y cambiarlo por otro basado en el tratamiento social.

Ello para fijar protocolos de derivación médica entre los centros para evitar muertes, como la de Salba Martine, fallecida en Madrid el 19 de diciembre de 2011, que estaba enferma y había sido trasladada desde otro centro.