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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) anunció hoy que presentará una denuncia por prevaricación en contra de la jueza Carol Patricia Flores, que el jueves anuló el juicio por genocidio que se sigue contra el exdictador José Efraín Ríos Montt.

El fiscal costarricense Francisco Dall'Anese, jefe de la Cicig, dijo a los periodistas que esa comisión de las Naciones Unidas, que colabora con el Estado guatemalteco en el combate de las estructuras que procuran impunidad, investigará a la jueza Flores "por haber emitido una resolución ilegal".

Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, basada en una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que le ordenaba solventar un trámite procesal, decidió el jueves anular el juicio por genocidio y crímenes de guerra en contra de Ríos Montt, y su antiguo jefe de Inteligencia, José Rodríguez.

Según la Fiscalía, la Cicig y el tribunal donde se realiza el juicio, la decisión de Flores fue "ilegal" y "arbitraria", se extralimitó en lo que la CC le había ordenado y fomenta la impunidad.

La resolución de la jueza Flores fue rechazada este viernes por el Tribunal Primero A de Alto Riesgo, donde se celebra el juicio, cuyos jueces, por unanimidad, resolvieron hoy suspender temporalmente el debate, a la espera de que la CC se pronuncie sobre "la resolución ilegal" del Juzgado A de Mayor Riesgo.

La CC tiene un plazo de 48 horas para resolver la consulta que sobre este asunto le hizo el tribunal, en la que deberá definir el procedimiento para la continuación del proceso por genocidio.

La denuncia por prevaricación que la Cicig promoverá en contra de la jueza Flores será presentada en los próximos días, luego de que los abogados de esa instancia hayan recabado todos los elementos con los que buscarán demostrar su supuesta responsabilidad.

De acuerdo con la legislación guatemalteca, para procesar a un juez por delitos penales, la Corte Suprema de Justicia deberá retirar la inmunidad de que éste goza, basándose en un informe elaborado por otro juez, quien deberá analizar las denuncias y determinar la existencia de indicios de delito.

En los últimos años la jueza Flores ha cultivado fuertes críticas de diversos sectores sociales y jurídicos, por polémicos fallos dictados a favor de políticos y militares en diversos casos.

En mayo de 2011, ordenó cerrar el proceso judicial seguido en contra de tres exaltos cargos del Gobierno, acusados de integrar una estructura criminal a la que señalaban de ejecutar a varios reos.

En enero de este año desligó al presidente Otto Pérez Molina, del proceso que desde hace varios años se seguía en su contra por la desaparición de un comandante guerrillero en 1992.

Meses después dejó en libertad a Gloria Torres, hermana de la exprimera dama del país, Sandra Torres, y a su hija, María Casteñeda Torres, procesadas por delitos de corrupción.

También dejó en libertad a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz de León, acusada de obstrucción a la justicia por colaborar con su hijo, Roberto Barreda, en la desaparición de la esposa de este.

Además, en febrero pasado, modificó el delito de ejecución extrajudicial por el de homicidio a los militares procesados por la muerte de seis campesinos durante una manifestación, en octubre del año pasado.