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BOGOTÁ / AFP

Colombia realizó ayer miércoles un minuto de “vergüenza nacional” para pedir perdón por el crimen de un bebé, cuyo padre pagó por su secuestro, un caso que desnudó alarmantes cifras de violencia contra los niños y relanzó una iniciativa para establecer la cadena perpetua.

En Chía, la ciudad vecina a Bogotá donde ocurrió el crimen, un millar de personas con pañuelos y flores blancas, según un estimativo de la televisión, acompañaron a la familia del bebé, tras una ceremonia religiosa en la iglesia de Santa Lucía.

El cuerpo del infante apareció el martes en un bosque en las afueras de Chía, envuelto en una lona, tras una semana de secuestro que mantuvo en vilo al país.

El padre del menor Orlando Pelayo confesó a la policía que pagó 230 dólares por el secuestro, aparentemente para evitar pagar la cuota de manutención a la madre, con la cual no convivía. Las otras dos personas que realizaron el crimen, entre ellas una mujer, fueron detenidas.

El niño murió asfixiado y aparentemente fue torturado, dijo Pedro Franco, director del instituto forense estatal Medicina Legal. Según ese organismo este año han sido asesinados 520 menores de edad en Colombia.

Indignación general
“Este crimen merece nuestro absoluto rechazo y la indignación total, el ministerio Público pedirá la máxima condena”, declaró a la AFP el procurador Edgardo Maya. Según los códigos colombianos, los tres implicados podrían ser condenados a 60 años.

Pero para muchos colombianos esa condena sería irrisoria. “Necesitamos que se restablezca la cadena perpetua, para poner fin a unos crímenes que avergonzarían a cualquier país”, manifestó por su parte Gilma Giménez, una concejal de Bogotá.

“Tenemos más de un millón de niños víctimas cada año de distintos tipos de violencia: unos 200.000 son violados, 800.000 sufren maltratos físicos graves, 25.000 son sometidos a la prostitución y hay 560 secuestrados”, señaló la política a la AFP.

Fabián Marulanda secretario de la Conferencia Episcopal, declaró a periodistas que la iglesia Católica espera que se aplique “con todo rigor la justicia, sin hacer rebajas de pena”, pero al mismo tiempo llamó la atención por el aumento de delitos atroces que consideró síntomas de una creciente degradación de la ética pública.


Pérdida de la moral
“Son crímenes que reflejan la pérdida de sentido moral entre los colombianos”, indicó el prelado.

El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno (izquierda), compartió el diagnóstico de Marulanda, y calificó la protesta “como un minuto de silencio, de vergüenza, de frustración, de rechazo e impotencia”.

Moreno, acompañado de su gabinete y miles de funcionarios salió a protestar en la plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá.

En la segunda ciudad colombiana Medellín (noroeste), el gobernador del departamento de Antioquia, Luis Ramos, dijo que respaldará la campaña para recoger 1,4 millones de firmas y pedir al Congreso que se establezca la cadena perpetua para los crímenes de menores.

La policía estimó que unas 40.000 personas participaron en las diferentes conmemoraciones en al menos 12 ciudades.