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QUITO / AFP

La Constitución aprobada en Ecuador, vista por muchos como la cura socialista contra todos los males, empezó a crearle problemas al gobierno, que enfrenta la invasión de tierras y la rebeldía de gente que reclama sus nuevos derechos.

El texto fue avalado en el referendo del domingo y aún sin entrar en vigor, ya destapó el júbilo de pobladores que, machete en mano, se tomaron fincas y reservas naturales alegando su derecho a la vivienda, según las autoridades.

El gobierno de Rafael Correa desautorizó esas acciones y dispuso el desalojo policial de gente que, a juicio del ministro del Interior, Fernando Bustamante, “quiere tomarse la Constitución por sus propias manos”.

Los problemas más graves se produjeron en las provincias del Guayas (suroeste), Esmeraldas (noroeste), Zamora Chinchipe (sur) y en zonas marginales de Quito, donde decenas de personas ocuparon terrenos, haciendas y bosques protegidos.

“Estamos aquí porque la Constitución nos permite”, dijo a la televisión un hombre con el rostro pintado a la manera de un militar en la selva.

“Lamentamos mucho si hay gente que está malinterpretando la Constitución”, se disculpó Bustamante.


En todas partes hay oportunistas
Inspirada en el llamado socialismo del siglo XXI, la Carta Política garantiza la salud y la educación gratuitas (incluso hasta tercer año de universidad), así como “una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”.

Los desórdenes son culpa de “gente inescrupulosa que se está tomando el rol de la Constitución, diciendo que ésta permite quitarle a quien sea las tierras improductivas sin importar si son patrimonio natural (...) o propiedad privada”, afirmó la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga.

A la par con las invasiones de tierras el gobierno también enfrenta la renovada amenaza de levantamiento de los indígenas, que se oponen a la explotación minera en sus territorios.

“Estamos haciendo una resistencia conjunta desde las bases hasta la dirigencia porque las poblaciones no van a aceptar el ingreso de mineras, y si el gobierno lo permite es muy probable que haya un levantamiento general”, dijo a la AFP Raúl Petsain, representante de los pueblos shuar del sur de Ecuador.

Otros líderes también advirtieron que redoblarán su lucha contra las multinacionales ahora que la carta constitucional autoriza la explotación de recursos en las zonas ancestrales “sin su consentimiento”.

El presidente Correa enfrenta la oposición del movimiento indígena desde que rechazó un pedido de las comunidades para que les permitiera, vía consulta, decidir sobre la extracción minera en sus asentamientos.

“Yo le diré No a la minería cuando Evo Morales, un presidente indígena, prohíba la minería en Bolivia. ¿Imaginen lo que le pasaría en un país que vive de la explotación de sus recursos?”, dijo recientemente Correa.

Para el analista Vladimiro Álvarez, un duro crítico del mandatario, los desórdenes de los últimos días son consecuencia de la campaña de expectativas que hizo el gobierno para lograr la aprobación de la propuesta.

“¡Ahora...a cumplir!”, escribió Álvarez en su columna del diario Expreso, subrayando que “no caben ahora las excusas” para no acatar los “derechos justos, muy atractivos y seductores”.