Jorge Eduardo Arellano
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MIAMI / AFP

Un empresario venezolano relató ayer jueves en una corte federal de Miami cómo el gobierno de su país le encargó que tratara de ocultar el escándalo por el envío de una maleta enviada desde Caracas con supuestos fondos electorales para la campaña presidencial en Argentina en 2007.

El acaudalado empresario petrolero Carlos Kauffmann, que a raíz de esa intervención fue detenido y se declaró culpable de actuar en Estados Unidos como un agente ilegal de un gobierno extranjero, reveló que fue en una reunión en la Dirección de Inteligencia de Venezuela (DISIP) donde recibió instrucciones para ocuparse del caso en Miami.

Kauffmann declaró que en la noche del 30 de agosto de 2007 se reunió con el jefe de la DISIP, general Henry Rangel Silva, en su oficina en Caracas.

En el encuentro estaba su socio, Franklin Durán, y el abogado Moisés Maiónica, ambos detenidos posteriormente en Miami y acusados también como agentes encubiertos de Venezuela.


Cena en oficina de Inteligencia
“Hubo una reunión y luego cenamos en el último piso de la DISIP”, contó Kauffmann al jurado.

El encuentro se produjo pocas semanas después de que estallara el escándalo por la incautación de una maleta con 800,000 dólares que llevaba en sus manos el empresario Guido Antonini Wilson cuando un avión que llegaba de Caracas aterrizó la madrugada del 4 de agosto en Buenos Aires.

El dinero no era de Antonini sino del Estado venezolano, y consistía en un aporte de ese país a la campaña presidencial de la candidata oficialista en Argentina, Cristina Kirchner, según una serie de evidencias en el juicio.

Kauffmann y Durán, que vivían entre Caracas y Miami, tenían una relación permanente de negocios y amistad con Antonini, residente en esta ciudad, y asumieron la tarea de convencerlo de que no debía revelar el origen y el destino de aquel dinero.

“Le dijimos a Rangel que íbamos a ayudar al gobierno a solucionar el escándalo, que podía contar con nosotros”, dijo Kauffmann ante la jueza estadounidense Joan Lenard.

Kauffmann y Durán eran dueños por partes iguales de empresas de distintos rubros --petroleras, de seguridad y de navegación, entre otras-- con las que habían obtenido contratos millonarios del gobierno de Chávez.

“El nombre de Antonini aparecía en la prensa vinculado a nosotros y nuestras empresas, y estábamos preocupados de que este escándalo afectara los negocios”, dijo el empresario en la Corte, donde se sigue el juicio contra Franklin Durán.

El gobierno venezolano --al igual que el argentino--, negó la existencia de aportes electorales clandestinos y rechazó por tanto que hubiera utilizado a empresarios en Miami para silenciar a Antonini y tapar los hechos.