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  • EFE

El secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, justificó ayer el espionaje a periodistas de la agencia AP por la gravedad de la filtración que su departamento estaba investigando.

“Era una filtración muy seria, muy muy seria”, repitió Holder en una rueda de prensa en la que precisó, no obstante, que él se separó de la investigación desde el principio, para no incurrir en ningún potencial conflicto de intereses, dado que él mismo había sido interrogado previamente por el FBI a propósito de AP.

“Es una de las dos o tres filtraciones más serias que he visto”, que “puso en peligro la vida de estadounidenses” y que requería “una acción muy agresiva” para tratar de descubrir al responsable del soplo, aseguró Holder.

El secretario de Justicia dijo desconocer los detalles de la investigación, que fue llevada a cabo por el FBI bajo la dirección del fiscal federal del Distrito de Columbia, y con la supervisión del fiscal general adjunto, James M. Cole.

El requerimiento para obtener las llamadas telefónicas realizadas por los periodistas de AP fue decidido por Cole, “en conformidad con los reglamentos y políticas del Departamento de Justicia”, dijo Holder, quien se mostró seguro de que se había respetado la ley.

Sin embargo, la acción de la Administración ha levantado una enorme polémica en EE.UU., porque fue llevada a cabo en secreto, sin dar a la agencia investigada la oportunidad de rebatir las sospechas, y por la gran cantidad de datos recabados.

Según reveló ayer la propia agencia de noticias, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).

Centenares de periodistas utilizaron en ese tiempo esas líneas, y los investigadores se hicieron con todas las conversaciones que pudieron haber tenido con sus fuentes de información.

Las organizaciones profesionales han denunciado unánimemente el daño que esto supone para el sistema democrático, porque suprime la confidencialidad que está en la base de la investigación periodística independiente.

El presidente y consejero delegado de AP, Gary B. Pruitt, calificó ayer la acción del Departamento de Justicia de “intrusión masiva y sin precedentes” en las actividades de la agencia.

Ronald Machen, quien trabaja para el propio departamento en Washington, fue quien reveló a la AP en una carta el pasado viernes que la fiscalía federal había obtenido las grabaciones, sin explicar el por qué de la obtención de los datos.

Según revelaron varios medios, Machen dirige una investigación sobre la filtración de información secreta acerca de un complot de la red terrorista Al Qaeda que la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) frustró el pasado año en Yemen, y cuyo objetivo era detonar una bomba dentro de un avión con destino a EE.UU.