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  •   Tegucigalpa, Honduras  |
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  • EFE

Organizaciones de campesinos hondureños exigieron hoy al Gobierno "justicia y que se esclarezca" la muerte de dos compañeros el fin de semana pasado y el asesinato este lunes de una campesina en el norte del país centroamericano.

En una rueda de prensa, el portavoz del Movimiento Campesino San Manuel (Mocsam), Gerson Fajardo, junto a otros líderes campesinos, denunció que la campesina Marilú Orellana, de 41 años, fue "asesinada hoy por cuatro guardias de seguridad" de la Compañía Azucarera Hondureña Sociedad Anónima (Cahsa), en el municipio de San Manuel, del departamento norteño de Cortés.

"Exigimos justicia, los guardias privados de la compañía Cahsa, sin mediar palabra, nos atacaron vilmente en presencia de la Policía, que pudo evitar el asesinato de los compañeros Valentín Caravante y Celso Ruíz" dijo, por otro lado, Fajardo, al referirse a los dirigentes caídos el viernes pasado.

Agregó que Caravante y Ruíz fueron "asesinados" el pasado viernes por guardias privados de Cahsa.

En un inicio se había dicho que las víctimas mortales del viernes eran tres, pero este lunes dirigentes del Mocsam afirmaron que fueron dos. En el ataque también resultaron heridos los hermanos Adolfo y Santos Melgar.

El portavoz del Mocsam exigió al ministro hondureño de Seguridad, Arturo Corrales, que "investigue los hechos y ordene a la policía que deje de proteger a los guardias".

Mientras, Ricardo Domínguez, dirigente del Mocsam, acusó al presidente hondureño, Porfirio Lobo, al titular del Parlamento, Juan Hernández, y al gerente de la compañía Cahsa, Enrique Solís, de ser los "responsables" del asesinato de los campesinos.

Según datos de organizaciones campesinas, el conflicto agrario ha dejado en Honduras más de 104 labriegos muertos en los últimos tres años.

"Lo que estamos viviendo es un caos, los campesinos estamos atemorizados, no tenemos garantía de nuestros derechos", lamentó Domínguez.

Además, indicó que las tierras que los campesinos ocupan "de manera legitima" le fueron expropiadas a la empresa azucarera en mayo de 2012 por el Instituto Nacional Agrario por estar arriba del techo que establece la Ley de Reforma Agraria.

Esa ley establece que ninguna persona natural o jurídica puede tener más de 250 hectáreas de tierra y de ser así debe solicitar al Estado un permiso de autorización de sobretecho.

Domínguez, así como otros dirigentes campesinos, exigió a las autoridades hondureñas "dar captura inmediata a los asesinos materiales e intelectuales" de los tres labriegos.

Ante los constantes enfrentamientos, el dirigente de Vía Campesina, Rafael Alegría, pidió al Parlamento la aprobación "urgente" del anteproyecto de la Ley de Transformación Agraria Integral presentado por organizaciones campesinas en octubre de 2011.

Además, lamentó que la iniciativa, a favor de los campesinos, "duerme el sueño de los justos" porque "los diputados la tienen engavetada".