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Los secuestros de indocumentados y las cuotas que el crimen organizado les obliga a pagar siguen siendo una amenaza constante contra los miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que cada año intentan atravesar clandestinamente México para llegar a Estados Unidos, denuncian activistas.

El refugio La 72, situado en el estado mexicano de Tabasco (sureste), denunció en un comunicado que tanto el gobierno federal como los gobiernos de estados del sur de México saben “lo que pasa en la ruta migratoria”, y su “omisión, indiferencia y escandaloso silencio los hace culpables”.

Ubicado a 60 kilómetros de Guatemala, este refugio del municipio de Tenosique exigió “nuevamente al Gobierno federal que cambie radicalmente la política migratoria en el país, pues no dejamos, desde hace años, de tener tragedia tras tragedia en torno a las personas migrantes”.

El comunicado da cuenta del último secuestro de migrantes que han registrado, cometido el 14 de mayo por un grupo armado que asaltó a indocumentados cuando viajaban clandestinamente en el lomo de uno de los trenes de carga que utilizan para avanzar hacia el norte.

Ese día, un grupo de unos 200 indocumentados abordaron en Tenosique el tren carguero, que parte de Mérida (Península de Yucatán) y llega a Veracruz (Golfo de México), señalaron los encargados del refugio.

Unos kilómetros después, “donde se encuentra el poblado Boca del Cerro (Tabasco), el crimen organizado detuvo el tren y atacó a las personas migrantes, entre ellos hombres, mujeres y niños”, y secuestraron a una cantidad de inmigrantes no determinada, explicaron.

Testigos de ese último asalto al tren, que lograron escapar y regresaron al refugio, presentaron denuncias judiciales ante la Fiscalía General.

Dos hondureños secuestrados fueron liberados después de que sus familiares pagaron “US$3,000 por persona”, dijo el refugio en su texto.

En otro caso ocurrido a mediados de mayo en la estación de Palenque (Chiapas, sureste), un comando armado interrumpió la circulación del tren y trató de cobrar una “cuota” de paso de US$100 a los migrantes, expuso en su comunicado el refugio La 72, cuyo nombre recuerda al mismo número de inmigrantes que aparecieron ejecutados en agosto de 2010 en un rancho del norte de México, aparentemente a manos del cártel Los Zetas.

Urge investigación

“Necesitamos urgentemente que las autoridades investiguen, peinen la zona y capturen a esas bandas. Ya tienen detalles en las denuncias que han interpuesto ante la PGR (Procuraduría General de la República) víctimas y testigos de los más recientes ataques, que se siguen incrementado”, dijo a la AFP Rubén Figueroa, integrante de la ONG Movimiento Migrante Mesoamericano.

“Es una situación de tragedia humanitaria la que se está viviendo aquí”, añade Figueroa, quien asegura que “los migrantes se están atrincherando en el refugio” ante la “psicosis” que desató la última agresión.

Un portavoz de la Fiscalía dijo a la AFP que “el Ministerio Público está realizando las investigaciones que permitan sustentar que, efectivamente, se cometieron esos delitos”.

 

20,000 secuestros

La oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman) calculó en 2011 que, anualmente, se cometen en México unos 20,000 secuestros de indocumentados, por quienes sus raptores piden un rescate de más de US$2,000 a familiares que están en Estados Unidos o en sus comunidades de Centroamérica.