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Tres magistrados suplentes de una Sala de Apelaciones de Guatemala conocerán un recurso de amparo que dio pie a que la Corte de Constitucionalidad (CC) anulara la condena de 80 años de prisión impuesta por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt, informó este jueves una fuente judicial.

"Estamos contentos porque nos ha costado" conformar la terna de jueces, dijo a una emisora local el magistrado Frank Martínez, quien presidirá la Sala Primera de Apelaciones, la cual debe emitir una resolución este viernes.

La CC, máxima instancia judicial del país, anuló el lunes la condena de 80 años de cárcel contra Ríos Montt para que se resuelva primero un recurso de amparo presentado por el abogado de Ríos Montt, Francisco García, a raíz de su expulsión del proceso el primer día del juicio, el 19 de marzo pasado.

El recurso tenía que resolverlo la Sala Primera de Apelaciones, cuyos titulares se inhibieron, por lo que se debió integrar una Sala con suplentes, dijo a la AFP un portavoz de la oficina de comunicación del organismo.

"Hemos tenido que llamar a cada magistrado para conformar esta sala y conocer el caso (por genocidio) de Ríos Montt, y hasta último momento logramos hablar con un magistrado suplente quien bondadosamente nos dio su aprobación para integrar esta honorable sala", luego de que 59 jueces se negaron a integrar el tribunal, agregó Martínez.

De acuerdo con la resolución de la Corte Constitucional, una vez resuelto el recurso, el juicio deberá retrotraerse al 19 de abril y será el mismo Tribunal que dictó la sentencia condenatoria, el Primero A de Mayor Riesgo, el que debe continuarlo.

El 19 de marzo, la Sala Tercera de Apelaciones había ordenado suspender el juicio al acoger el recurso de García, pero el Tribunal de Riesgo reanudó el debate el 30 de abril sin tramitar la recusación, por lo que la Corte estimó ahora que no se cumplió el debido proceso.

Ríos Montt, de 86 años, quien permanece desde el 13 de mayo en un hospital militar, había sido condenado a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por crímenes contra la humanidad como responsable de la masacre a manos del Ejército de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el Quiché, durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983.