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  • AFP

La extradición del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004) a Estados Unidos para que enfrente cargos por lavado de dinero generó este sábado reacciones dividas en diversos sectores del país, entre quienes consideran el traslado ilegal y los que apoyan el proceso por corrupción.

"El debido proceso debe respetarse para todos, eso aplica también para el (ex) presidente Portillo, independientemente si les agrada o no (...). La forma en que se lo llevaron ayer (viernes) es un mal procedimiento y un terrible precedente", afirmó en las redes sociales el expresidente Vinicio Cerezo (1986-1991).

La bancada oficial del Partido Patriota (derecha) en el Congreso estimó que todo el proceso "cumplió con la ley" y se actuó conforme al "debido proceso", según el diputado Valentín Gramajo.

Portillo, de 61 años, fue extraditado sorpresivamente el viernes a Estados Unidos, requerido por una corte de Nueva York por cargos de conspiración para lavar 70 millones de dólares en bancos norteamericanos durante su gestión.

Antes de abordar el avión hospital que lo llevó a Estados Unidos, Portillo, que padece afecciones pulmonares y cardíacas, calificó su extradición de "secuestro" y acusó al gobierno del presidente Otto Pérez de "violar la ley", pues, según dijo, aún tenía recursos pendientes en los juzgados guatemaltecos.

"Es una arbitrariedad y una ilegalidad (...). Todo tiene que ser apegado a derecho", dijo al rotativo Prensa Libre Luis Pérez, dirigente del derechista Partido Republicano Institucional, antes Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el ex dictador Efraín Ríos Montt --en proceso por genocidio- y que llevó a la Presidencia a Portillo.

Pero el ministro del Interior, Mauricio López, dijo haber autorizado la extradición porque ya había culminado "todo el proceso judicial" y "no había pendientes recursos ni notificaciones" que resolver.

"Nadie se alegra de la pena de otras personas, pero se debe reconocer que la ley debe aplicarse", declaró al diario Siglo 21 la diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala (centro), al avalar que el ex presidente sea juzgado en Estados Unidos por cargos de corrupción.

La cúpula empresarial, férrea opositora a Portillo durante su gestión, dijo respetar la decisión.

"Somos respetuosos de las instancias jurídicas y de los procesos judiciales", afirmó a medios locales Santiago Molina, presidente de la principal cámara empresarial del país.

Simpatizantes del expresidente en Zacapa (este), ciudad natal de Portillo, realizaron una pequeña manifestación para expresar su descontento. "Aquí tenemos juzgados competentes para juzgarlo. Es ilegal lo que han hecho", dijo René Juárez, uno de sus partidarios.

Portillo había sido absuelto en 2011 en tribunales guatemaltecos por el supuesto desfalco de unos 15 millones de dólares en el ministerio de la Defensa en 2001, pero no recobró su libertad debido a la petición estadounidense, aprobada en noviembre de 2011 por el expresidente Álvaro Colom (2008-2012).