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La aparición cerca de la frontera con Venezuela de 23 cadáveres de jóvenes denunciados como desaparecidos en barrios pobres del sur de Bogotá, parece haber desnudado, según familiares y grupos de derechos humanos, un macabro mercado en el que se contratan muchachos para matarlos.

Una comisión estatal fue conformada para investigar testimonios que implican incluso a militares en el reclutamiento de jóvenes con tentadoras ofertas de trabajo en el campo. Una vez allí, son ejecutados y presentados como combatientes irregulares muertos en combate.

El tema esta en la agenda del canciller Jaime Bermúdez, que esta semana se reúne en Londres con la cancillería británica que financia un plan de entrenamiento en derechos humanos para las tropas colombianas, según anunció el Foreign Office.

De acuerdo con los reportes en poder de la oficina de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo (ombudsmán), tan sólo en Bogotá casi 300 jóvenes de entre 20 y 30 años desaparecieron en el último año en circunstancias similares.

"Mi hijo era un muchacho bueno, trabajador, quería salir adelante, nunca tuvo problemas", dijo Flor Hilda Hernández, madre de Elkin Verano, uno de los jóvenes hallados en una fosa común en la ciudad de Ocaña (noreste), enterrado como muerto en combate.

Hernández relató a la AFP que su hijo salió de casa a comienzos de enero, sin comentarle nada, junto a su mejor amigo Joaquín Castro, con quien trabajaba en una fundición.

Una semana después "el 13 de enero me llamó por celular, me dijo que estaba bien, con Joaquín, y que pronto regresaba".

De ambos no se supo nada hasta cuando sus cuerpos fueron hallados a fines de septiembre. "El proyecto de mi hijo lindo era trabajar para ayudarme, porque él era mi mano derecha, pero en ningún momento me comentó que se fuera a ir para ningún lado", afirma la mujer, que carga como un tesoro la foto de Elkin, de ojos claros y cabello corto.

Un texto de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señala que según numerosos testigos los jóvenes desaparecen tras recibir ofertas de trabajo y "uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultan reportados como muertos en combate por el Ejército".

"Mi hijo salió de la casa el 4 de marzo en la mañana y apareció muerto a las dos de la tarde del 5 de marzo, con un camuflado y botas, no es posible ni lógico", apuntó Ana Garzón, madre de otro de los jóvenes.

En las calles polvorientas de Ciudad Bolívar, una comuna de 350 barrios tuguriales con 700.000 habitantes en el sur de Bogotá, la presencia de grupos ilegales no es un secreto.

"Los 'muchachos' patrullan armados, con pantalón camuflado y camisa negra. Extorsionan en las tiendas y los autobuses", cuenta temeroso Jaime, profesor de un colegio católico en la zona.

"Tenemos miedo por nuestros hijos, cuando vamos a trabajar tenemos que dejarlos encerrados, pero los más grandecitos son otra cosa, ellos no quieren estar en la casa y uno no sabe qué puede pasarles", dijo Miriam Rodríguez, empleada de aseo en un centro comercial y quien a sus 29 años, ya tiene un hijo de 14, Eduardo, que abandonó la escuela.

"Para estos jóvenes tener un trabajo con un salario fijo mensual es una posibilidad muy atractiva en barrios donde no tienen opciones de trabajo o estudio", dijo Jorge Rojas, director de la ONG Codhes, (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento).

Rojas cree que en este tema el gobierno usa "la táctica del avestruz, de meter la cabeza para no reconocer la realidad". "El gobierno piensa que aquí no hay un conflicto armado interno, que los paramilitares (de ultraderecha) no existen, que la guerrilla está controlada y el narcotráfico derrotado", señaló.