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  • AFP

La Policía de El Salvador investiga a unos 300 agentes que han sido denunciados por diversos delitos por las víctimas, pero también averigua si en sus filas existen policías involucrados con el crimen organizado, informó este martes un responsable de la institución.

"Queremos resaltar la filosofía de la policía de no permitir que haya personas en su interior que cometan delitos", aseguró a la prensa el inspector general de la Policía Nacional Civil (PNC), Romeo Melara.

La Inspectoría General de la PNC mantiene abiertos expedientes de investigación contra 300 agentes que han sido denunciados por la ciudadanía por delitos como abuso de autoridad, lesiones, amenazas, entre otras acusaciones.

Desde enero y hasta el pasado mes de agosto la PNC ha destituido 103 agentes policiales por haber cometido faltas disciplinarias graves, así como también en ese mismo lapso ha detenido y sometido ante tribunales a 34 de sus miembros por estar señalados de diversos delitos como robo, homicidio y extorsión.

Las últimas detenciones de agentes ocurrieron el pasado fin de semana cuando seis agentes de la División de Fronteras de la PNC fueron arrestados, acusados de exigir sobornos en puestos fronterizos a salvadoreños que pretendían salir del país por vía terrestre.

Según la Fiscalía General de la República los seis agentes se dedicaban a exigir entre 200 y 400 dólares a salvadoreños que buscaban viajar a Guatemala, a cambio de no acusarlos falsamente de ser traficantes de indocumentados.

Según el jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la PNC, comisionado Roberto Villalobos, actualmente se trabaja en el "fortalecimiento" de esa unidad policial a fin de "incrementar la labor de investigación" interna en busca de agentes relacionados con el crimen organizado.

"No puedo garantizar si hay o no crimen organizado dentro de la policía, pero queremos estar preparados técnicamente con policías especializados para combatir ese tipo de delitos", aseguró Villalobos.

La PNC, que posee unos 17.000 agentes, fue creada en 1993 para sustituir a los cuerpos militares disueltos tras el fin de la guerra civil (1980-1992), como la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda.