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  • San José, Costa Rica |
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  • EFE

La minera Infinito Gold afirmó hoy que mantiene la demanda contra Costa Rica por 1.092 millones de dólares como indemnización por la anulación judicial de la concesión del proyecto de minería de oro a cielo abierto "Las Crucitas", en el norte del país.

La portavoz de la firma, Yokebec Soto, declaró hoy en una conferencia de prensa que la empresa no se irá de Costa Rica hasta que le paguen la indemnización que exige, aunque reconoció que el Gobierno no tiene voluntad de hacerlo ni de negociar.

"No ha cambiado absolutamente nada. Este proceso no se detiene", aseguró Soto al referirse a una resolución de la Sala Constitucional costarricense que la semana pasada cerró el último portillo legal que tenía la firma para conseguir continuar con el proyecto minero.

La demanda contra el Estado costarricense se encuentra en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo autónomo del Banco Mundial, y según Soto, Costa Rica tiene hasta octubre para buscar una salida amistosa con la empresa.

La portavoz de la minera canadiense dijo que Costa Rica se ha vuelto un país "peligroso para los inversionistas" por inseguridad jurídica y reconoció que el Gobierno no tiene voluntad de negociar, por lo que prevé que el proceso ante el CIADI pueda tardar entre tres y cuatro años.

Actualmente Industrias Infinito, filial de Infinito Gold, tiene en Costa Rica 20 empleados.

Los 1.092 millones de dólares de la demanda corresponden a 92 millones que la firma ya había invertido a lo largo de 20 años en estudios y una primera fase de construcción de la mina, y 1.000 millones de dólares en dinero que dejará de percibir al no concretarse el proyecto.

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró en 2010 como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.

La Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró en 2011 sin lugar una serie de apelaciones de la empresa minera y la semana pasada la Sala Constitucional rechazó una última acción de la minera.

La Fiscalía también investiga el caso por presuntas ilegalidades en los permisos otorgados a la minera.

La firma, que esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los 10 años que preveía la concesión, inició la construcción de la mina pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro.

Durante varios años grupos ambientalistas denunciaron ante los tribunales las irregularidades en el otorgamiento de permisos y los riesgos para el medio ambiente que, a su juicio, suponía el proyecto.