• Tegucigalpa, Honduras |
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  • AFP

El principal problema de las cárceles de Honduras, colapsadas por la sobrepoblación, es el autogobierno cedido a los reclusos y justificado por las autoridades en la falta de personal, denunció este viernes una investigación internacional.

El “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras”, subraya que ese autogobierno deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas y permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes.

El trabajo también enumera una sobrepoblación superior al 40%, condiciones deplorables de higiene y salubridad, falta de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua potable, y la ausencia de separación de reclusos por categorías de delitos.

El trabajo de la CIDH, elaborado por una misión de siete expertos que visitó Honduras del 23 al 27 de abril de 2012, fue entregado este viernes al presidente Porfirio Lobo.

La misión de la CIDH visitó Honduras dos meses después de una de las mayores tragedias carcelarias del mundo: el incendio del penal de Comayagua (70 km al norte de Tegucigalpa), en el que murieron 362 reclusos.

El autogobierno de los presos

“Uno de los problemas más graves y arraigados (...) es la delegación del control interno de los centros penitenciarios en manos de los propios reclusos” mediante “sistemas de autogobierno o gobierno compartido, en los cuales son determinados internos denominados ‘coordinadores’ (nombrados por los mismos reclusos) los que ejercen el control”, denunció.

Indicó que ese sistema de autogobierno es “justificado sistemáticamente por las autoridades, bajo el argumento de que este modelo es un mal necesario ante la permanente falta de recursos y de personal”.

Los reclusos “aplican castigos disciplinarios”, “cobran por los espacios de las celdas y las camas” además de resolver conflictos y “fijar los precios de los alimentos”. Recordó que el 29 de marzo de 2012 reclusos de San Pedro Sula decapitaron a su coordinador, le mutilaron los genitales y arrojaron la cabeza frente a la dirección del penal --entre otras atrocidades-- porque consideraron que abusaba de su autoridad, aumentando los precios de los servicios, comida y alojamiento.

La CIDH señaló que “la falta de control efectivo de la seguridad interna en las cárceles facilita las condiciones para la comisión de delitos en y desde las cárceles” como “el tráfico de drogas, la venta de armas, el cobro de cuotas extorsivas a los presos o sus familiares y la planificación y dirección, desde el interior de la cárcel de hechos delictivos como homicidios, secuestros y extorsiones”.

Masacres e incendios

El informe también recordó la masacre de abril de 2003 en la Penitenciaría Nacional de El Porvenir, Atlántida, en la que murieron 69 personas debido a un conflicto entre los “coordinadores” de ese penal y miembros de la “Mara 18” y el incendio de Comayagua en mayo del 2004 en el que fallecieron 107 internos.

La CIDH, a partir de información suministrada por el Estado en enero de 2013 que estima la población penitenciaria en 12.263 personas (la mitad procesados y la otra mitad condenados) destaca que existe un déficit de 3.600 plazas lo que equivale a una sobrepoblación del 44%.

En las conclusiones, la Comisión advirtió que “la administración penitenciaria en Honduras padece actualmente de graves deficiencias estructurales que han conducido a su colapso” por lo que reclamó “un cambio radical de actitud” y “una renovación real de las instituciones”. La misión que redactó el informe estuvo integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Tracy Robinson, Rosa María Ortiz, Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil y Rose-Marie Belle Antoine.