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  • EFE

Los campesinos colombianos de la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, cesaron hoy su protesta y desalojaron las vías que bloquearon durante 53 días para entablar un diálogo con el Gobierno y buscar un acuerdo sobre la situación de abandono que sufren desde hace décadas.

Los manifestantes comenzaron a desbloquear las carreteras del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, a primera hora de este sábado, tal como se habían comprometido la víspera con una "comisión garante" del Gobierno, que ahora tendrá que fijar una fecha y conformar un equipo para los diálogos.

Hacia el mediodía los labriegos ya habían retornado en autobuses y camiones por las deterioradas vías y en canoa por los ríos Catatumbo y El Tarra, con tranquilidad y "sin incidentes", según verificó el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Todd Howland.

"En este momento se puede decir que hay un desbloqueo total y que los campesinos están esperando las noticias del señor presidente de la República (Juan Manuel Santos) para saber cuándo se va a instalar la mesa de negociación", agregó Howland en declaraciones a Efe.

El preacuerdo al que llegaron los campesinos y la "comisión de garantes" el viernes en el municipio de Tibú, uno de los focos de la protestas, fue que una vez hubiera libre tránsito por las carreteras de la zona el presidente anunciaría cuándo comenzará la negociación.

Por el momento, no se ha manifestado al respecto.

Los temas del diálogo son la declaración de una Zona de Reserva Campesina, un plan de desarrollo para la zona, subsidios de 1,5 millones de pesos (792.000 dólares) para afectados por la erradicación de cultivos de coca, un programa de sustitución de cultivos ilícitos y garantías legales para los manifestantes.

Una campaña de erradicación manual forzada de hoja de coca fue el detonante de las protestas campesinas el pasado 10 de julio.

El cultivo de coca es el sustento económico de una región que sufre un abandono estatal de décadas, traducido en poca inversión efectiva, carreteras en mal estado y aislamiento.

En el transcurso de las protestas se han registrado disturbios con la fuerza pública, cuatro campesinos muertos, decenas de civiles y uniformados heridos.

Las autoridades denunciaron infiltraciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las movilizaciones, puesto que ambas guerrillas tienen presencia en esta región de conflicto.

El portavoz campesino César Jerez dijo hoy a Efe que "la gente está contenta porque llevan 53 días por fuera de la casa en las protestas e incluso hay otros que se manifiestan en contra de los erradicadores desde hace cuatro meses, y ese es el tiempo que tienen sin ir a la finca".

Por su parte, Howland confirmó, tras recorrer la zona con otros funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, que con la llegada de camiones de víveres y el restablecimiento de los servicios de energía se empieza a superar el desabastecimiento causado por los bloqueos.

"Ahora también hay gas para más de 1.000 familias", comentó, lo que ayudará a "cambiar la situación humanitaria de la gente en Tibú".

Durante el tiempo en que los campesinos han mantenido las protestas ha habido intentos de diálogo sin éxito con el Gobierno, que nombró hasta tres equipos negociadores.

Para el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, "el gran problema" fue "la falta de confianza" entre los campesinos y el Gobierno.

La "comisión garante" que el viernes llegó al preacuerdo con los campesinos estaba liderada por el vicepresidente Angelino Garzón e integrada también por Howland, el expresidente Ernesto Samper, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, el congresista Iván Cepeda y el vicefiscal Fernando Perdomo.

"Esta reunión fue muy importante porque fue una etapa de confianza. La 'comisión de garantes' tiene la confianza del Gobierno y de los campesinos", agregó Howland.