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  • AFP

El expresidente peruano Alberto Fujimori solicitó al poder judicial se le conceda arresto domiciliario para cumplir su condena de 25 años por homicidio, una nueva estrategia luego que le fuera negado un indulto humanitario.

"Nosotros no estamos pidiendo un indulto, tampoco estamos pidiendo que al presidente se le perdoné la pena, estamos solicitando que ante razones primordiales como es la vida y la salud, (se le otorgue) un arresto domiciliario", dijo su abogado Paco Castillo.

El letrado consideró que Fujimori podría ser beneficiario de una arresto domiciliario ya que "tiene más de 75 años, padece de cáncer y una depresión severa, no representa un peligro para la sociedad y ha cumplido casi un tercio de su sentencia".

Paco Castillo señaló que la vocalía de la corte suprema del poder judicial notificó a las partes que tienen hasta el martes para pronunciarse sobre el pedido.
Luego de esta fecha, el juez de turno deberá fijar una audiencia para realizar la vista de causa. "Estimo que esta diligencia se realizará en dos semanas y después el magistrado dará una resolución", concluyó.

Por su parte, los deudos de las víctimas de dos de los hechos por los que se responsabilizó a Fujimori --la llamada matanza de Barrios Altos y La Cantuta-- solicitaron declarar improcedente el pedido.

El abogado de los deudos, Carlos Rivera, recordó en el documento de respuesta que presentó ante la vocalía que Fujimori fue condenado como "autor mediato de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado" a 25 años de prisión.

Rivera señaló que las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta constituyen hechos de lesa humanidad por los que no correspondería un arresto domiciliario.

A su vez, según el abogado las leyes vigentes no establecen la posibilidad de que una persona condenada a pena efectiva, como Fujimori, cumpla su pena en su domicilio.

El expresidente y sus hijos presentaron hace ocho meses un pedido de indulto humanitario al gobierno peruano en el que señalaron temer por la vida del exjefe de Estado que, según afirman, sufre depresión y requiere tratamiento permanente para un cáncer recurrente en la boca.

La solicitud fue rechazada por el mandatario Ollanta Humala.

El exgobernante está actualmente alojado en un destacamento policial de las afueras de Lima, donde cumple su condena a 25 años por homicidio, tortura y corrupción cometidos durante su gestión entre 1990 y 2000, década en la que gobernó con mano dura en el marco de un conflicto contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.