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  • EFE

Víctimas de los tiroteos de Tucson (Arizona), Newtown (Connecticut) y Aurora (Colorado) se reunieron hoy frente al Capitolio para pedir, una vez más, una legislación "de sentido común" que reduzca la violencia armada en EE.UU., tras la masacre ocurrida en la capital el lunes pasado.

Bajo la consigna "No más nombres", más de un centenar de personas se dieron cita a los pies del Congreso de Estados Unidos para presionar a los legisladores y exigir la aprobación de una ley que al menos endurezca las revisiones de antecedentes penales y médicos para los compradores de armas.

"Han pasado 280 días desde que perdí a Vicky", relató Carlee, la hermana de Victoria Soto, una de las profesoras asesinadas en el tiroteo que tuvo lugar en la Escuela Elemental de Sandy Hook de Newtown el pasado diciembre.

"Y desde entonces, miles y miles de personas han muerto por culpa de la violencia armada. La revisión de antecedentes no parará cada tiroteo, pero sí salvará vidas. No voy a renunciar a esta lucha para parar la violencia armada, no perderé la esperanza de un mañana mejor, y no importa cuánto tiempo me tome", sentenció, conteniendo las lágrimas.

Victoria Soto, de origen puertorriqueño y considerada una de las heroínas de aquel suceso por haber salvado la vida de sus alumnos, fue una de las víctimas de la masacre de Newtown en la que murieron 20 niños y seis adultos.

Aquel suceso conmocionó al país y provocó un debate intenso sobre la modificación de las leyes relativas al control de armas, impulsado por el presidente estadounidense, Barack Obama.

"Ametralladoras como la que tuvimos en Newtown abren los ojos de nuestro país para ver que tenemos un serio problema con las armas en Estados Unidos. Treinta y tres estadounidenses son asesinados todos los días por armas de fuego. Es hora de que nuestros políticos en Washington tomen medidas para detener esta sangría", añadió Soto.

Sin embargo, aquel intento volvió a morir en los pasillos del Congreso, y no ha sido sino hasta ahora, con la masacre perpetrada en unas instalaciones de la Marina en Washington DC, cuando ha vuelto a ser tema de discusión en la capital estadounidense.

"Cada vez que una de estas tragedias nos golpea, nos comprometemos para al fin hacernos cargo de la epidemia de violencia armada que sufre nuestro país", dijo Stephen Barton, superviviente de la masacre en el teatro de Aurora (Colorado) el pasado año, en la que fallecieron 12 personas.

"Ha pasado más de un año desde el tiroteo de Aurora, y en ese tiempo hemos visto a comunidades de todo el país sacudidas por tragedias similares. Hoy nos unimos en el Capitolio para preguntar a nuestros legisladores cuántas personas inocentes más deben morir para que finalmente tomen medidas", insistió Barton.

Una nueva investigación publicada el miércoles por la organización "Alcaldes Contra las Armas Ilegales" mostró que miles de personas que ya tienen prohibida la compra de armas de fuego bajo la ley federal utilizan internet para evadir los controles de antecedentes y adquirir armas ilegalmente.

Algunos familiares de víctimas de la violencia armada y varios congresistas demócratas reivindicaron este miércoles la necesidad de que el Congreso tome cartas en el asunto.

Durante una rueda de prensa, la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, deploró la racha de ataques recientes, y sugirió que una forma de honrar a las víctimas es "un día de acción" y que el Congreso apruebe una medida para el control de las armas.

"No necesitamos un momento de silencio (en el Capitolio). Necesitamos un día de acción", afirmó Pelosi, al señalar que una propuesta de su colega demócrata de California, Mike Thompson, cuenta ya con "más de 180 patrocinadores" de ambos partidos.

El pasado lunes, el presunto autor de la matanza, Aaron Alexis, entró en el complejo militar, con un pase legal y armado con una escopeta, y abrió fuego contra los trabajadores indefensos.

El pistolero acabó con la vida de 12 civiles antes de morir él mismo abatido por la policía.

Aún se desconocen los motivos por los que el exreservista y contratista de las Fuerzas Armadas ejecutó la matanza, pero las autoridades ya han confirmado que el joven, de 34 años, padecía problemas mentales y que llegó a tener problemas con la justicia.

Pese a ello, pudo entrar de manera legal en las instalaciones, lo que ha obligado a las autoridades militares a decretar una revisión general de los procedimientos de seguridad.