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  • ACAN-EFE

Una representante de las Naciones Unidas llamó ayer al parlamento de El Salvador, a ratificar “pronto” una reforma constitucional y el Convenio 169 de la OIT, que reconocen la existencia de los pueblos indígenas en el país, para que dejen de ser “invisibilizados”.

“Hago un llamado a la Asamblea Legislativa, a hacer realidad la justa y ansiada aspiración de los pueblos indígenas en El Salvador” de ser reconocidos en la Constitución de este país centroamericano, dijo en San Salvador, Carmen Rosa Villa, representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

“Confío en que antes de que concluya la presente legislatura se apruebe la reforma del artículo 63 de la Constitución, que reconocería a los pueblos indígenas, sus identidades étnicas, culturales, su cosmovisión, valores y espiritualidades”, agregó al presentar un diagnóstico de la situación de los derechos humanos de esa población en el país.

Destacó que “mientras eso no ocurra efectivamente se encuentran invisibilizados”.

La reforma fue aprobada el 25 de abril de 2012 y para entrar en vigor debe ser ratificada por la actual legislatura, que se instaló el 1 de mayo de ese año.

Un peldaño más

Asimismo, señaló que “un peldaño más” para el “reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas” será que el país ratifique “pronto” el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Salvador y Panamá son los “únicos Estados de Centroamérica” que tienen “pendiente” la ratificación de ese Convenio, que “actualiza y pone de relevancia cuáles son los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, enfatizó.

Los indígenas

Los pueblos indígenas de El Salvador incluyen “a los náhuas, pipiles, lencas, kakawiras y mayas chortís”, detalla un resumen del informe realizado por el Relator Especial de la ONU Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, que visitó el país en agosto pasado y fue presentado ayer.

Indica que “obtener un número exacto de la población indígena” salvadoreña “podría no ser factible”, debido a que no hay datos precisos y sobre todo porque “existe (...) un proceso continuo de recuperación de la identidad indígena” en el país, tras la “persecución y marginalización vividas por ellos a través de los siglos XIX y XX”.

Así como las masacres que sufrieron, entre ellas la de 1932, “conocida como La Matanza, que resultó en la muerte de hasta 30,000 personas indígenas, es el evento que más se ha identificado como la supresión de la identidad indígena” en El Salvador, precisa el documento.

Destaca que en este país centroamericano pese a que ha dado algunos avances en el respeto de los derechos indígenas, aún la población “carece de un acceso adecuado a la tierra y a los recursos naturales”.

“Tienden a sufrir altos niveles de pobreza”, “falta de acceso a servicios sanitarios básicos y al agua potable”, “situaciones precarias de salud”, “también sufren niveles inferiores de educación”, entre otros problemas, agrega.

En 2011, unos 29,044 estudiantes en el país se reportaron como pertenecientes a poblaciones indígenas, la mayoría de los cuales estaban en los municipios de Izalco (8,248) y Nahuizalco (8,880), en el departamento de Sonsonate (occidente).

“Los datos disponibles sobre el nivel de asistencia a la escuela en estas áreas son preocupantes. Por ejemplo, en Izalco el 19% de niños entre 7 y 15 años no asisten a la escuela, y aproximadamente el 42% de ellos indicaron que no asisten por razones económicas, precisa el documento.

Por otra parte, el 54% de jóvenes entre 16 y 18 años en Izalco no asisten a la escuela, el 41% de ellos por razones económicas, añade.

También señala que las mujeres indígenas “han sufrido discriminación y hostigamiento por sus prácticas tradicionales de salud” y que “sufren altos niveles de violencia intrafamiliar”, entre otras violaciones.