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  • EFE

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció hoy el recurso a la pena de muerte en Irak, donde en sólo dos días, 9 y 10 de octubre, se ha ejecutado a 42 personas acusadas de actividades terroristas bajo procedimientos judiciales que "podrían ser ilegales".

Su portavoz, Rupert Colville, explicó hoy en rueda de prensa en Ginebra que "si no se ha producido un juicio justo, con las debidas garantías procesales o se ha utilizado la tortura para conseguir confesiones, se trataría de ejecuciones ilegales".

"Creo que es una apuesta segura decir que algunas de estas ejecuciones, quizá la mayoría, son ilegales", precisó.

Sin embargo, aclaró que no se puede hacer una afirmación general en este sentido y que hay que analizar "caso por caso".

Además de contravenir las leyes internacionales, Colville destacó que este tipo de ejecuciones a gran escala, que se han producido en "numerosas ocasiones" en los últimos dos años en Irak, son algo "obsceno e inhumano".

Colville recordó que desde el Alto Comisionado siempre se han manifestado en contra de la pena de muerte "bajo cualquier circunstancia", pero incluso tratándose de una medida legal consideró que "el sistema de justicia iraquí tiene demasiados fallos como para garantizar que el recurso a la pena de muerte cumple con la ley".

Los datos recopilados por la Misión de Asistencia de la ONU en Irak revelan un "fuerte aumento" del número de muertes entre civiles, ya que al menos 5.740 civiles fueron asesinados entre enero y septiembre de este año; la cifra más alta desde 2008, más del doble que la de 2011 y muy superior a las 3.238 víctimas registradas en 2012.

Por ello, desde el Alto Comisionado instaron al Gobierno de Irak a detener todas las ejecuciones de "manera inmediata", además de "revisar y conmutar las penas a los cientos de personas que se cree que están en el corredor de la muerte en el país".

Según el portavoz, las ejecuciones producidas ayer son "especialmente perversas" al tratarse del Día Internacional contra la pena de muerte y consideró que estas medidas "están socavando los esfuerzos para construir una sociedad estable y menos violenta en Irak".

El Gobierno iraquí mantiene que sólo ejecuta a individuos que han cometido actos terroristas o crímenes serios contra civiles, en virtud de lo establecido en la ley Anti-terrorismo número 13, de 2005.

"Desde nuestro punto de vista, el recurso de la pena de muerte para disuadir el terrorismo es claramente una falacia, dado la alta cifra de víctimas mortales que se están produciendo en Iraq en el mismo periodo en el que se ha producido este aumento dramático del uso de la pena de muerte", subrayó.