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MADRID / AFP

Varios responsables conservadores españoles criticaron ayer viernes la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar la suerte de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, mientras que formaciones de izquierda acusaron al Gobierno de obstaculizar la investigación.

El fundador del Partido Popular (PP), Manuel Fraga, que tuvo puestos de responsabilidad en los últimos años de la dictadura de Franco, tachó la decisión de Garzón de “disparate” y de “error gravísimo”.

“Es un disparate que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie, puesto que ya hubo leyes de amnistía”, declaró, y añadió que “políticamente” es un “error gravísimo” resucitar esa tragedia.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, estimó que la decisión del juez español es “sorprendente y no precisamente para bien”, ya que Garzón “aplica retroactivamente” figuras jurídicas “actuales” cuando en aquella época “ese tipo de delitos no existían”.

“Estas cuestiones las tienen que hacer los historiadores”, zanjó.

Por su parte, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a manifestar el “máximo respeto a la actuación jurisdiccional”.


Acusan a Zapatero
Y responsables de otros partidos acusaron incluso al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero de querer obstaculizar la investigación a través de la Fiscalía, que anunció que recurrirá la decisión del juez.

El líder de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, criticó la “actitud hipócrita” del gobierno por defender a Garzón a la vez que “obstaculiza la labor de la Justicia”.

“Aplaudimos la iniciativa del magistrado, pero al mismo tiempo denunciamos la adoptada por la Fiscalía, es decir, por el Gobierno español”, declaró el consejero de Justicia del gobierno regional del País Vasco, Joseba Azkarraga.

Los medios conservadores también rechazaron frontalmente la iniciativa de Garzón.

“Estamos convencidos de que (el pleno de la Audiencia Nacional) rechazará esta insólita iniciativa” de Garzón, quien “instrumentaliza el derecho en favor de sus ansias de autobombo”; “hasta el más absurdo de los disparates puede ser argumentado jurídicamente”, señala el diario liberal El Mundo en su editorial.

El diario conservador ABC criticó “la disposición de este juez para crear un derecho penal a la medida de sus fijaciones”.

“Esta decisión judicial sólo va a sembrar discordia y a dar pie a que la demanda de justicia se extienda también a esos crímenes que no merecen ser atendidos por el juez Garzón”, en referencia a la “masacre” de Paracuellos del Jarama, protagonizada por el bando republicano contra las filas golpistas aún sin investigar, según el diario.

“Sólo cabe recordar un principio de cualquier democracia: ningún Estado puede borrar sus propios crímenes”, resume por el contrario El País.

El juez Garzón se declaró el jueves competente para investigar las “desapariciones” durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1975), lo que supone el primer paso en España para esclarecer la suerte de más de 100,000 personas, muchas de las cuales yacen en fosas comunes.

Garzón identificó el delito como “detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad”.