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  • AFP

La militante de ETA Inés del Río salió este martes de la cárcel, tras 26 años recluida, después de que la justicia española ordenara su liberación a raíz de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que podría beneficiar a decenas de presos.

La etarra de 55 años, a la que esperaban varios familiares a las puertas de la cárcel de Teixeiro, en localidad gallega de La Coruña, en el noroeste de España, salió sobre las cuatro de la tarde con 15 minutos, hora local, según los periodistas en el lugar.

Encarcelada desde 1987 y condenada a 3,828 años por una veintena de asesinatos en varios atentados, Del Río fue excarcelada un día después de que la corte de Estrasburgo se pronunciase contra la denominada “doctrina Parot”, un sistema de cálculo de la remisión de penas que permitía alargar la reclusión de presos con múltiples condenas.

Este fallo llevó el martes a los 17 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española a ordenar su libertad.

“La resolución es clara y concluyente: incumbe al Estado asegurar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve, ya que se encuentra privada irregularmente de libertad” desde el 3 de julio de 2008, afirmaba el dictamen.

Debió salir en 2008

Con la aplicación de los beneficios penitenciarios existentes cuando fue condenada, por trabajo en prisión por ejemplo, Del Río debería haber quedado en libertad en 2008.

Sin embargo, poco antes de su salida prevista se le aplicó de forma retroactiva la “doctrina Parot”, por la cual la justicia española estableció en 2006 que las reducciones se descontaran de cada una de las condenas y no del tiempo máximo de estadía en la cárcel, fijado entonces en 30 años.

Miembro del histórico Comando Madrid de ETA, uno de los más mortíferos de la organización separatista armada vasca, Del Río se veía así recluida hasta 2017.

Otro en libertad

Otro de los miembros destacados de dicho comando, Antonio Troitiño, encarcelado en el Reino Unido y reclamado por España, recibió este martes la libertad condicional de un tribunal del Londres a raíz de la decisión de Estrasburgo.

Esta podría abrir ahora las puertas a decenas de presos de ETA en situación similar, constituyendo un revés para el gobierno español, muy firme en su política penitenciaria con los militantes la organización armada.

El fallo fue bien recibido por la izquierda independentista vasca que, como el gobierno nacionalista regional, conservador, llamó a Madrid a modificar su política hacia los presos etarras, unos 600 diseminados por las cárceles de España y Francia.

Solucionar la situación de sus presos es la principal reivindicación de ETA, muy debilitada, para avanzar hacia la entrega de las armas y su disolución.