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  • AFP

La Iglesia católica de El Salvador se mostró este domingo de acuerdo en la decisión del gobierno del presidente Antonio Saca, de no suscribir el texto de la Convención Iberoamericana sobre la Juventud a discutirse en la XVIII Cumbre Iberoamericana en San Salvador.

"Se ha sabido que nuestra nación no suscribirá la Convención de la Juventud, un documento preparado por la Organización Iberoamericana de la Juventud con sede en España. La razón por la cual el gobierno ha dicho que no firmará es porque contiene aspectos que no concuerdan con nuestra Constitución, y nos parece acertada esa decisión", dijo en rueda de prensa Fernándo Sáenz Lacalle, arzobispo de San Salvador.

El gobierno de Saca ha argumentado que la Convención Iberoamericana de la Juventud, contiene aspectos que riñen con la Constitución salvadoreña como la prohibición de aplicar la pena de muerte a menores de 24 años.

Según la Constitución de El Salvador se contempla la pena capital "en casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional".

Asimismo, un analisis jurídico de la Presidencia señala que otro aspecto de la Convención que riñe con la Carta Magna de El Salvador es el reconocer el derecho de los jóvenes de objetar el servicio militar obligatorio.

La Constitución salvadoreña establece que el servicio militar "es obligatorio para todos los salvadoreños comprendidos entre los 18 y 30 años de edad", ello regulado mediante una ley especial.

Este domingo, Sáenz Lacalle señaló otros aspectos contenidos en la Convención en los que la Iglesia no está de acuerdo como el hecho de que "pone al Estado sobre la familia. El primer responsable de la formación y educación de los jóvenes es la familia, ese es un derecho que le corresponde".

La XVIII Cumbre Iberoamericana se desarrollará en El Salvador del 29 al 31 de octubre próximos en un Centro Internacional de Ferias y Convenciones ubicado en el sector oeste de San Salvador.

Los jefes de Estado y de gobierno de 22 países, según fuentes oficiales, firmarán en la Cumbre una declaración en la que identificarán "acciones muy concretas" con políticas dirigidas a atender las necesidades de 161 millones de jóvenes en Latinoamérica.