Jorge Eduardo Arellano
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El País

El gigantesco contador digital de deuda pública que instaló el promotor inmobiliario Seymour Durst en Times Square (Nueva York) ha tenido una vida ajetreada. Hace 20 años, cuando se encendió, el panel de 13 dígitos fosforescentes reflejaba que la deuda del Gobierno de EU era de 2,7 billones de dólares. En 2004, fue sustituido por un contador nuevo que incluyó una pantalla más para dar prestancia digital al símbolo del dólar, pintado a mano en el aparato original.

Pero hace dos semanas, la deuda pública pasó de los 10 billones, y ante la necesidad de otro dígito, el símbolo del dólar tuvo que ceder su sitio. La velocidad de cálculo de los ordenadores, que actualizan la cifra al segundo en el contador, afronta ahora el reto de una deuda pública disparada por el multimillonario plan de rescate del sector financiero al que se ha visto forzado la Administración de George Bush.

“Se protegerán los intereses de los contribuyentes”. La frase se repite como un mantra en los comunicados con los que Estados Unidos, la zona euro, el G-7 o el FMI defendieron en los últimos días la intervención pública en el sector financiero. Con este compromiso, los Gobiernos tratan de conjurar la perplejidad, cuando no la indignación, de la opinión pública ante la inyección de dinero a manos llenas a bancos y otras entidades que han disfrutado de abultados beneficios y han premiado a sus responsables con compensaciones multimillonarias.

El dogma de la contención en el gasto público se hace ahora elástico para financiar los planes de rescate: en EU, la transfusión superará los 700,000 millones de dólares (520,000 millones de euros). El incesante goteo de planes europeos roza ya los 2.5 billones de euros, una cantidad cercana al 20% del PIB de la UE.


Al borde de una profunda depresión
Los responsables políticos arguyen que el derrumbe del sector financiero podría llevar a una profunda depresión de la economía mundial. Y que la mayor parte de las medidas no tendrán coste para las finanzas públicas. “Los avales a la deuda de los bancos sólo tendrán un impacto si se activan”, recalcó este jueves Amelia Torres, portavoz de la Comisión Europea.

Es un argumento circular, porque los Gobiernos se han comprometido también a evitar la quiebra de más entidades y a asegurarse de que cumplirán sus compromisos de pago. Y si eso es así, los avales no se ejecutarán. Las garantías públicas para resucitar el mercado de crédito concentran la propuesta europea. Casi la mitad del plan británico, valorado en 620,000 millones de euros, se destinará a avalar la emisión de deuda de los bancos nacionales.

Alemania reserva 400,000 millones (el 80% de su programa) a garantizar los préstamos interbancarios. Francia, con 320,000 millones más; España, con 100,000 millones, o Austria, con 85,000 millones, también hacen de los avales su principal línea de actuación.

La participación directa en las entidades, mediante la toma de acciones, o la compra de activos son las medidas que sí requerirán un aumento de la deuda pública. Y nada despreciable. El Gobierno de EU, que centra en estas dos vías su actuación, tiene el permiso del Congreso para elevar su deuda a 11.3 billones, lo que le acercaría al 70% del PIB (10 puntos porcentuales más que ahora).

Las iniciativas del Gobierno de Gordon Brown (nacionalización de Nothern Rock, adquisición de Bradford & Bingley, los 70,000 millones para la recapitalización de entidades) elevarán la deuda pública británica del 44 al 50% de su PIB, según expertos del país. El Gobierno español estima que la suya pasará del 37 al 42% si se consume su plan de compra de activos. Incrementos incluso mayores se auguran para Francia y Alemania.

Las emisiones de deuda en Europa por los planes de rescate oscilarán entre 200,000 y 300,000 millones, una cifra equivalente al 50% de lo que mueve el mercado primario en la zona euro. Los títulos de deuda pública son ahora objeto de deseo de los inversores, que huyen del riesgo. Hasta tal punto que las peticiones rompen record (el Tesoro español batió esta semana el suyo al adjudicar 4.900 millones en letras a 12 meses) y las colocaciones se hacen a tipos de interés menos gravosos para las arcas públicas.

Pero con la inundación de deuda pública que se augura, las tornas cambiarán, y los costes de financiación para los gobiernos, que pujarán por atraer dinero, volverán a subir. El diferencial con la deuda que emite el Gobierno alemán (sus bonos a 10 años se colocan a un tipo del 4.05% frente al 4.5% de los españoles) implica que el coste para el Tesoro español (que acaba de lanzar una campaña de promoción internacional) será aún mayor.

Los responsables políticos asumen que habrá un aumento de la partida presupuestaria para pagar intereses de la deuda. Pero también creen que será un efecto pasajero, ya que sostienen que la deuda pública volverá a bajar. Los gobiernos plantean que, cuando la crisis afloje, podrán vender en el mercado las participaciones de los bancos o los activos de las entidades, amortizar la deuda e, incluso, ganar dinero.

Un planteamiento idílico al que la experiencia histórica pone sordina: el Banco Mundial cifra en un 10% del PIB el coste final de los planes de rescate para los países que han afrontado crisis financieras en las últimas cuatro décadas.