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  • AFP

El candidato presidencial del partido de gobierno en Honduras, el derechista Juan Orlando Hernández, presentará este miércoles al Congreso un proyecto que da rango constitucional a la novel Policía Militar, blanco de críticas de la oposición, en la campaña para las elecciones del 24 de noviembre.

El combate a la criminalidad es la principal promesa de la campaña, sobre todo de los dos principales candidatos, que según las encuestas están en empate técnico: Hernández, del oficialista Partido Nacional (PN), y Xiomara Castro —esposa del presidente derrocado en 2009, Manuel Zelaya—, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

En una concentración en su natal ciudad Gracias, departamento de Lempira (oeste), Hernández, presidente del Congreso, había anunciado que este martes presentaría un “proyecto de decreto para darle a la Policía Militar rango constitucional”, pero a última hora postergó la sesión para el miércoles.

Hernández afirmó que su iniciativa, para cuya aprobación se requiere el apoyo de las dos terceras partes (86) de un total de 128 diputados, busca evitar que Castro mande “a los militares a los cuarteles”.

“La gente de ese partido quiere eliminar la Policía Militar”, afirmó el aspirante oficialista, bajo cuya presidencia el Congreso ha aprobado desde 2010 polémicas leyes, sobre todo en materia de seguridad, con el voto de los 71 diputados del PN y al menos otros 15 aliados de otros partidos.

La convocatoria para evaluar el proyecto fue realizada pese a que el Congreso está en receso por la campaña electoral y a pesar de que Hernández está con permiso en sus funciones por su candidatura presidencial.

Una controvertida ley

Una de esas leyes creó el pasado 22 de agosto la Policía Militar de Orden Público (PMOP), en medio de un lento proceso de depuración de la policía civil —de 9,300 hombres—, infiltrada por el crimen organizado.

Honduras registra la tasa de homicidios más elevada del mundo, 85.5 por cada 100,000 habitantes, casi diez veces el promedio mundial, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional. La delincuencia es atribuida en un 90 por ciento a los carteles de la droga y a las sanguinarias pandillas juveniles.

La nueva institución policial, actualmente de 1,000 hombres pero que aumentará a 5,000 el próximo año, entró en operaciones hace un mes y ya enfrenta denuncias de abusos.

Frente a la defensa abierta que hace Hernández de la PMOP, Castro propone “desmilitarizar la sociedad y la policía” e impulsar “una policía civil comunitaria”, y sostiene que las Fuerzas Armadas deben quedarse para proteger las fronteras.

El pasado 25 de octubre, la jurista Karen Zelaya presentó un recurso por inconstitucionalidad —aún no resuelto— contra la Policía Militar, lo cual Hernández criticó como una “escalada para terminar con la participación de los militares en las tareas de seguridad y con la Policía Militar” por parte de Libre.

El candidato del Partido Liberal (PL, derecha), Mauricio Villeda, tercero en las encuestas, criticó a su adversario oficialista por “politizar el tema de la seguridad”.

 

Cacería de votos

Eugenario Sosa, sociólogo profesor de la Universidad Nacional, estimó que Hernández busca “cazar votos ante el poco tiempo que queda” de la campaña electoral, “pero se puede llevar una sorpresa, porque la militarización de la sociedad y de la policía no está resolviendo el problema de la violencia”.

“Está igual o peor, siguen las masacres y las grandes cantidades de muertos”, comentó.

El experto en temas de seguridad y niñez, miembro de organizaciones de la sociedad civil, Thomás Andino, estimó que el presidente del Congreso “se está dejando llevar por una opción vendible” en su campaña electoral, “porque los efectivos militares han andado con los policías desde hace años y la violencia y la delincuencia no han disminuido”.

“Si quisieran combatir la criminalidad, tendrían que fortalecer a la policía actual, limpiarla de podredumbre, pero no es ese el objetivo”, sino capitalizar votos, declaró a la AFP.

Si la ley fuera aprobada, para que entre en vigencia tendría que ser ratificada en la legislatura de 2014, con el nuevo congreso que resulte de las elecciones.