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La Fiscalía costarricense abrió una investigación al presidente Oscar Arias y a su ministro del Ambiente, Roberto Dobles, por conceder los permisos para explotar una cuestionada mina de oro cerca de Nicaragua.

La Fiscalía General investigará a Arias y a Dobles por si existe “prevaricato” en su decreto del 17 de octubre en el que declaran de “interés público y conveniencia nacional” la explotación de dicha mina por la empresa Industrias Infinito S.A., pese a “la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque”.

En total, está prevista la tala de 262 hectáreas de bosques, en los que abundan el almendro amarillo, una especie altamente protegida en todo el país, que da de comer a las lapas o guacamayas verdes, en grave peligro de extinción, precisamente por la desaparición de su hábitat.

El prevaricato o prevaricación es un delito que comete una autoridad, funcionario público o magistrado al dictar a sabiendas una resolución que no se ajusta a la ley.

Supuesta violación a legislación ambiental
Por su parte, la Fiscalía Regional de San Carlos, en cuyo término municipal se encuentra el Proyecto Minero Crucitas, ha abierto una investigación por supuesta violación de la legislación ambiental, y ha solicitado al juez una medida cautelar para impedir la construcción de instalaciones de la mina dentro del área protegida.

La fiscal de San Carlos, Alba Campos, declaró a la AFP que desde que se publicó el decreto presidencial, el pasado viernes, la empresa ha hecho en tres días “viernes, sábado y domingo, toda una devastación”. Los árboles de dos de las cuatro áreas en que ha quedado dividido el proyecto han sido prácticamente talados, aseguró Campos.

Las primeras gestiones para explotar la mina de Las Crucitas datan de 1994 con la empresa canadiense Pacer Dome, que se retiró cuatro años después, pero sucesivos fallos de la Sala Constitucional habían impedido hasta ahora que se iniciara la explotación. La firma, que invertirá 65 millones de dólares en este proyecto, espera extraer 700,000 onzas de oro en 10 años, a lo largo de los cuales dará trabajo directo a unas 250 personas.

También se ha comprometido a sembrar 49.8 árboles por cada árbol que se tale y la creación y conservación de un corredor biológico dentro de sus prioridades. Por su parte, el gobierno recibiría en concepto de impuestos 70.3 millones de dólares en este periodo, según el decreto.

El lunes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió un recurso de amparo de un ciudadano y ordenó suspender de manera inmediata el permiso concedido por el gobierno a la empresa minera.