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"No hay misterio", expresó el jueves un fiscal federal: un acaudalado empresario venezolano llegó a Estados Unidos a pedido del gobierno de Hugo Chávez para encubrir un escándalo político desatado tras la confiscación de un maletín con 800 mil dólares que supuestamente estaban destinados a la campaña presidencial de Cristina Fernández.

Franklin Durán vino a Miami para asociarse ilícitamente junto a otros cuatro acusados y encubrir así el origen y el destino del dinero confiscado en un aeropuerto de Buenos Aires el 4 de agosto del 2007, dijo el fiscal John Shipley durante los alegatos finales del juicio de Durán, de 41 años.

"Llegó a Estados Unidos con una misión del gobierno de Venezuela ... No hay misterio con lo que pasó, por qué está acá, por qué se reunía con (Guido Alejandro) Antonini (Wilson)", dijo Shipley en un intento por convencer al jurado de que Durán es culpable de las dos acusaciones que enfrenta. "No es complicado ... lo que hizo fue un delito".

Durán está acusado de haberse asociado con otras cuatro personas para ocultar el origen del dinero. Enfrenta también el cargo de haber actuado como agente de un gobierno extranjero sin haber notificado a las autoridades estadounidenses, como lo requieren las normativas.

Si el jurado lo considera culpable, podría enfrentar un máximo de 15 años de prisión.

De acuerdo con la fiscalía el dinero del maletín fue uno de los tantos envíos de Chávez a la Argentina, y Durán cometió los delitos a pedido de la policía de inteligencia venezolana, la Disip, quien había sido designada por el presidente de ese país para que se hiciera cargo de solucionar el escándalo del maletín.

Antonini es el empresario venezolano-estadounidense al que las autoridades argentinas le confiscaron el maletín. Para evitar ser procesado y detenido, al llegar a Miami pocos días después de la incautación del dinero, accedió a colaborar con el FBI. La mayoría de las pruebas presentadas por la fiscalía son grabaciones de los acusados con Antonini, que este último realizó.

La defensa de Durán —que se aprestaba a presentar los alegatos finales— sostiene que el empresario llegó a Estados Unidos para ayudar a Antonini, con quien mantenía una larga amistad. Ha alegado también que su cliente fue inducido por el FBI a involucrarse en el escándalo del FBI.

Pero en sus alegatos finales, Shipley sostuvo que Durán cometió los delitos de los que está acusado "voluntaria e intencionalmente", y que "Franklin Durán está asistiendo a la Disip en su misión. Sus propias declaraciones demuestran su culpabilidad".

Durán no declaró durante el juicio ya que como acusado tiene derecho a mantenerse en silencio. La fiscalía, sin embargo, presentó a lo largo de ocho semanas una serie de evidencias de conversaciones que mantuvo Durán con el general venezolano Henry Rangel Silva, director de la Disip, y con los otros acusados del caso.

En una de las grabaciones Durán admite que Chávez le había ordenado a Rangel Silva que acallara el escándalo.

Entre los testigos presentados por la fiscalía estuvo Carlos Kauffmann, el socio de Durán, quien declaró que el gobierno venezolano les había pedido que lo ayudaran, y que lo hicieron para continuar con los negocios multimillonarios que mantenían con las autoridades de su país.

Los dos empresarios venezolanos mantenían desde hace años un lazo comercial con el gobierno de Venezuela, al que según diversos testimonios le pagaban decenas de millones de dólares de sobornos para que continuaran los negocios.

Kauffmann, de 36 años, se declaró culpable y resolvió cooperar con el gobierno estadounidense para que le reduzcan la condena. Aún espera su sentencia.

De acuerdo con la fiscalía, Durán y los otros acusados deseaban convencer a Antonini a que firmara un poder autorizando a un abogado a que lo representara en Argentina. Así, el caso judicial en Argentina sería eliminado, Antonini no revelaría nada sobre el maletín, y recibiría dos millones de dólares y un documento que justificara que los 800 mil dólares eran suyos.