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Venezuela rechazó el jueves la resolución con que el Parlamento Europeo censuró al gobierno de Hugo Chávez por las inhabilitaciones de políticos para postularse a cargos de elección popular en los venideros comicios regionales por supuestas irregularidades administrativas.

"Sólo 51 de los 785 eurodiputados, todos de derechas y extrema derechas votaron está resolución", dijo a periodistas el viceministro venezolano para Europa, Alejandro Fleming.

La masiva deserción del resto de los miembros del Parlamento Europeo "demostró el repudio a los grupos de derecha y de extrema derecha que utilizaron las instituciones europeas para favorecer los intereses de la oposición venezolana", indicó el alto funcionario.

Horas antes en una sesión realizada en Francia, el Parlamento Europeo aprobó varios textos relativos al presupuesto 2009 con un quórum de más de 500 diputados, destacó el viceministro venezolano.

"Esta masiva deserción demuestra que la gran mayoría de los diputados no se prestó al juego de la derecha y de la extrema derecha y se negó a avalar con su voto que el Parlamento Europeo se colocara al lado de la corrupción en Venezuela", agregó.

El contralor general de la República, Clodosbaldo Russian, inhabilitó políticamente a 272 dirigentes, la mayoría opositores, alegando que algunos cometieron irregularidades administrativas que no han sido ratificadas por tribunales.

Opositores han acusado a Russian de vulnerar la constitución que prevé que los candidatos no podrán optar a una elección solo cuando "hayan sido condenados" por cometer "delitos comunes durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público".

El Tribunal Supremo de Justicia frustró las aspiraciones de líderes opositores al respaldar las facultades legales del contralor general de inhabilitar para cargos públicos hasta por 15 años a un funcionario que sea señalado de cometer anomalías en el manejo de fondos públicos.

"Venezuela es un país soberano y el tema de las inhabilitaciones son de nuestra estricta competencia", enfatizó Fleming.

El funcionario expresó que "resulta contradictorio que la derecha europea rechace las inhabilitaciones porque no acepta que una decisión administrativa impida que un funcionario corrupto sea electo, pero al mismo tiempo respalda la Directiva de Retorno donde una decisión administrativa puede llevar a la cárcel a un inmigrante que no ha cometido crimen alguno".