Jorge Eduardo Arellano
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El proyecto gubernamental para estatizar las jubilaciones privadas provocaba ayer jueves una fuerte tensión entre agentes financieros argentinos, que rechazaron de plano el eventual traspaso de unos 30,000 millones de dólares desde los fondos de pensión al Estado.

“Se está perdiendo una de las piezas claves de la operatoria institucional del sistema financiero. Con la estatización desaparecerá el principal financiador de largo plazo de la inversión y la producción”, dijo Pablo de Estrada, director del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Estrada advirtió que faltará crédito para empresas y consumidores si pasan a la caja jubilatoria estatal los 30,000 millones de dólares que manejan las diez administradoras de fondos de pensión, cuyas inversiones sufrieron fuerte pérdida de rentabilidad en los últimos meses por la crisis financiera global.

Pero el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, rechazó esos argumentos al asegurar que el Estado continuará financiando los fondos fiduciarios que reciben dinero de las administradoras privadas de pensiones. “El Estado se comportará como un inversor institucional, orientando los fondos hacia inversiones productivas que generen trabajo”, dijo Boudou, al brindar precisiones sobre el proyecto, que dividió a la oposición y provocó alarma entre ahorristas preocupados con el destino de sus aportes.

Boudou, quien presentó la iniciativa el martes junto a la presidenta Cristina Kirchner, negó además que el gobierno pretenda ejercer alguna influencia en los directorios de las empresas a las que se incorporará al captar la participación accionaria que tienen las AFJP.