•   La Paz, Bolivia  |
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  • AFP

El acuerdo en el Congreso que dio vía libre a un referendo Constitucional fue un importante triunfo para el presidente Evo Morales, quien sin embargo no conjuró el descontento de las regiones opositoras y además deberá lidiar con la compleja situación económica boliviana.

Una parte importante de la oposición y el oficialismo acordaron el texto constitucional -tras cambiar más de 100 de los 400 artículos que lo componen-, lo que deberá ser confirmado en un referendo el 25 de enero próximo.

Unánimemente saludado como un gran triunfo para el presidente Evo Morales, este acuerdo marcó el final de una grave crisis política que casi llevó en septiembre pasado a una guerra civil con una violencia que provocó 19 muertos.

Con la crisis descomprimida viene sin embargo una fase de riesgos para Bolivia tanto en lo político como en lo económico, estiman analistas.

Uno de los beneficios colaterales para el mandatario fue que la oposición se dividió en torno a la nueva constitución.

Dos líderes nacionales opositores claves, el ex presidente Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina, anunciaron el primero su neutralidad y el segundo su apoyo al nuevo texto.

Sin embargo líderes de cinco de las nueve regiones del país -que han combatido durante meses al presidente- anunciaron un frente para oponerse a la nueva Constitución.

El poderoso prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, cabeza visible de la oposición a Morales, dijo que la nueva Carta Magna avala la intención del gobernante que "desde un principio ha intentado perpetuarse en el poder a la fuerza".

Con esta declaración Costas duda del compromiso de Morales, quien aseguró (para facilitar el acuerdo) que se lanzaría a la reelección en una presidencial que debe hacerse en diciembre de 2009 pero no lo haría en 2014 en que teóricamente podría hacerlo.

De cualquier modo los analistas consideran que la oposición regional se ha debilitado en beneficio de una oposición política más moderada hacia Morales.

Para el politólogo Roger Tuero, "el declive de las fuerzas regionales era una condición necesaria para que la política vuelva a transcurrir por los canales del sistema", es decir el Parlamento y los partidos políticos.

No obstante este jueves el vicepresidente Alvaro García Linera, en referencia a la oposición regional pidió "vigilancia permanente; la derecha ha sido derrotada en una batalla pero aún no ha perdido la guerra y más pronto que tarde buscará algún mecanismo para atentar contra la democracia".

Si la oposición dura parece por ahora controlada, Morales deberá vigilar los sectores radicales de su propio partido, descontentos de las concesiones hechas a la oposición en la redacción de la Constitución.

"Han sido engañados nuestros hermanos indígenas con la modificación del texto constitucional", afirmó el dirigente indígena Roberto de La Cruz, quien consideró que las modificaciones son un retroceso "a las demandas históricas de los pueblos originarios".

Todo esto en medio de un contexto turbulento en la economía, con caída en los precios de los minerales y energéticos de los cuales Bolivia es exportadora.

Si los precios internacionales de los minerales siguen bajando "va a colapsar la minería", reconoció el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, al anunciar la creación de un fondo para sostener la producción del zinc.

"La burbuja económica se ha pinchado y ahora alcanza a todos los sectores y ha ocasionado una caída vertical de todos los minerales", señaló.

Todo esto en un contexto en que Bolivia está a punto de perder las preferencias arancelarias en EEUU.

Para el analista económico Mario Rueda Peña "la situación podría caldearse al extremo en las minas", donde pueden perderse miles de trabajos, al igual que en el Alto, bastión de Morales, donde son importantes las manufacturas que se exportan a EEUU gracias a las preferencias arancelarias.

"Estamos en la antesala de una coyuntura difícil, ante la cual el Gobierno actual no acredita estrategia alguna para evitarse un grave y mortal desgaste político. Por el contrario, sigue aferrado a su plan de hegemonía política y de permanencia en Palacio Quemado hasta el año 2014".

"Equivale a verdadero 'harakiri' político semejante actitud", agrega.