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  • AP

Tras un juicio de ocho semanas, el jurado comenzó el viernes a deliberar para determinar la culpabilidad o inocencia de un empresario venezolano acusado de haber transgredido la ley para encubrir que un maletín confiscado con 800.000 dólares fue enviado presuntamente por el gobierno de Hugo Chávez a la campaña de la ahora presidenta argentina Cristina Fernández.

Los 12 miembros del jurado empezaron a deliberar después que la fiscalía y la defensa presentaron sus alegatos finales en el juicio del acaudalado empresario Franklin Durán, de 41 años. No existe un plazo máximo para las deliberaciones del jurado.

Durán está acusado de haberse asociado ilegalmente con otros cuatro sudamericanos para ocultar el origen y el destino del dinero del maletín. Enfrenta también el cargo de haberse desempeñado como agente del gobierno de Venezuela sin haber notificado previamente a las autoridades estadounidenses, como lo requiere la ley.

El empresario, que se declaró inocente y por eso fue enjuiciado, podría enfrentar una condena máxima a 15 años de prisión si el jurado lo encuentra culpable. En ese caso podría apelar también el veredicto ante un tribunal superior de Atlanta, y si allí tampoco obtuviera un resultado favorable, podría elevar su caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

Si el jurado lo declarara inocente, la fiscalía no podría apelar la decisión y Durán sería absuelto de las acusaciones.

De acuerdo con la fiscalía, el dinero del maletín fue uno de los numerosos envíos de Chávez a la campaña de la mandataria argentina.

Los fiscales alegan que Durán y los otros cuatro acusados presionaron a Guido Alejandro Antonini Wilson — el empresario venezolano-estadounidense al que le confiscaron el maletín— a pedido del gobierno de Chávez para que no revelara de donde provenía ni a donde iba el dinero. En el momento de la confiscación, Fernández era esposa del entonces presidente Néstor Kirchner.

Durante el juicio, la defensa alegó que Durán cayó en una trampa del FBI, que lo indujo a involucrarse en el escándalo del maletín. Sostuvo asimismo que el empresario llegó a Estados Unidos para ayudar a su amigo Antonini, y no como agente del gobierno de Chávez.

Poco antes de que el jurado comenzara a deliberar, el abogado de Durán, Ed Shohat, concluyó poco más de cuatro horas de alegatos finales que habían comenzado el jueves, intentando convencer a los jurados de que su cliente era inocente y no existían evidencias que indicaran lo contrario. Presentó a Dúrán como una víctima del escándalo del maletín.

"Este caso es un invento del FBI ... es una inducción al delito", manifestó Shohat mientras hacía su última presentación frente a los miembros del jurado. "No existen evidencias convincentes de que Frank desobedeció la ley de manera voluntaria e intencional".

Shohat reiteró que Durán, al igual que el gobierno venezolano, sólo quería que Antonini firmara un poder para que un abogado lo defendiera en Argentina y así fuera posible cerrar el casó judicial allí, como habían acordado las autoridades de ambas naciones sudamericanas.

"Y el solo hecho de que eso fuera también lo que quería el gobierno de Venezuela, no lo convierte en un agente", señaló.

Para sostener su argumento de que el caso fue "inventado" por el FBI, el abogado mencionó una carta escrita por esa agencia, firmada por Antonini y enviada al presidente Chávez. En la misiva, Antonini le demandaba al mandatario venezolano dos millones de dólares, y a cambio decía que estaba dispuesto a firmar el poder para que lo representara un abogado en Argentina.

En su alegato, el letrado quiso quitarle credibilidad a los testimonios ofrecidos por Moisés Maionica, Carlos Kauffmann y Antonini, quienes declararon a pedido de la fiscalía. Según Shohat, todos ellos mintieron en sus testimonios porque querían complacer al gobierno.

Maionica y Kauffmann son dos de los acusados del caso que resolvieron colaborar con el gobierno para que les reduzcan las sentencias.

Antonini regresó a Miami pocos días después que le confiscaron el maletín en un aeropuerto de Buenos Aires el 4 de agosto del 2007, y decidió colaborar con el FBI. Fue él quien grabó la mayor parte de las conversaciones presentadas como evidencias durante el juicio por la fiscalía. Actualmente es requerido por Argentina y Venezuela, donde tiene pedidos de extradición.

En un intento por rebatir los alegatos de la defensa, el fiscal Thomas Mulvihill reiteró que los acusados, entre ellos Durán, llegaron a Estados Unidos "para que Antonini hiciera lo que ellos querían que haga", ocultar el origen y el destino del dinero del maletín.

Recordó que Durán y Kauffmann mantenían desde hace años, jugosos negocios multimillonarios con el gobierno de Venezuela, al que le pagaban decenas de millones de sobornos para poder mantener esa relación comercial. Así, Durán tenía acceso a funcionarios de alto rango en el gobierno de Chávez, entre ellos el general Henry Rangel Silva, a quien el presidente designó para que se hiciera cargo del escándalo.

Mulvihill descartó la hipótesis de la inducción al delito presentada por Shohat al jurado: "Es como decir: 'yo no lo quería hacer, pero si lo hice fue porque alguna otra persona cometió un error". El fiscal destacó que, como dijo Kauffmann en sus declaraciones, Durán y su socio "se involucraron porque iba a haber muchos contratos, mucho dinero".