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  •   Buenos Aires, Argentina  |
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  • EFE

El Gobierno argentino quiere penalizar a los miembros de la fuerzas de seguridad que abandonen sus funciones, a raíz de los disturbios y saqueos producidos durante recientes huelgas policiales en los que han muerto 14 personas.

Para ello la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, con un proyecto de ley para sustituir el artículo 252 del Código Penal, que será enviado al Congreso para que lo debata en las sesiones extraordinarias que tendrán lugar antes de fin de año.

El proyecto incorpora "penas específicas para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencias estatales armadas que por su naturaleza tuvieren a cargo el cuidado de personas".

El decreto especifica que el objetivo es castigar a los miembros de las fuerzas de seguridad que a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados".

El proyecto de ley busca tomar medidas tras los acuartelamientos y huelgas policiales, por reclamaciones salariales, que tuvieron lugar en las últimas dos semanas y provocaron una oleada de violencia y saqueos en la mayor parte del país.

Una veintena de provincias se vieron afectadas, en especial la norteña de Tucumán, donde las autoridades sanitarias elevaron a seis el número de fallecidos a raíz de los graves incidentes.

Otros dos jóvenes fallecieron este martes en la localidad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, también a consecuencia de las graves heridas sufridas durante los saqueos.

Fuentes oficiales señalaron además que siete policías fueron detenidos en Tucumán y puestos a disposición judicial por su presunta relación con los robos.

Los detenidos se unen a los nueve agentes arrestados el pasado sábado en la misma provincia.

A todos ellos se les imputa el delito de presunta "autoría mediata" de diversos actos ilegales cometidos durante la oleada de ataques a comercios y viviendas.