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  • EFE

Las desapariciones forzadas se han convertido en una táctica de guerra en Siria, donde son perpetradas por las fuerzas gubernamentales como parte de "una campaña generalizada de terror contra la población civil", lo que las convierte en un crimen de guerra, denunció hoy la ONU.

La comisión investigadora de las Naciones Unidas sobre los crímenes en el conflicto sirio, presidida por el brasileño Paulo Sergio Pinheiro, publicó el resultado de las indagaciones que ha centrado en el creciente fenómeno de las desapariciones forzadas en Siria.

Por la amplitud del número de casos y la diversidad de las víctimas, la investigación concluye que las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica habitual en todo el país.

Sin embargo, el documento no ofrece cifras específicas de víctimas porque "el clima de terror instaurado hace que sólo una fracción del número de desapariciones se reporte oficialmente".

Si en la primera etapa de la crisis siria estas desapariciones eran empleadas por el Gobierno para "silenciar a la oposición e infundir miedo entre familiares y amigos de manifestantes, activistas y blogueros", ahora se han extendido a personal médico, disidentes, opositores heridos y a personas que buscan información sobre algún pariente desaparecido.

"Las desapariciones forzadas han sido perpetradas por personal de inteligencia y de seguridad, así como por el Ejército sirio, en colaboración con milicias progubernamentales (...). En todos los casos documentados, los responsables operan con impunidad", afirma la comisión de juristas.

Este delito, además, se convierte en la mayoría de casos en un "medio" para perpetrar otros, particularmente la tortura, denuncia la comisión.

"Los sobrevivientes describen de forma consistente haber sido víctimas de tortura durante su detención", en la que son privados de todo contacto con el exterior, no reciben asistencia legal y están totalmente a expensas de sus captores, abunda el informe.

Mientras tanto, a sus familias se les niega todo tipo de información sobre su paradero.

Los rebeldes también son condenados en el informe de la ONU, que señala que este año se ha hecho evidente que ciertas entidades opositoras han optado por el secuestro de civiles considerados simpatizantes del Gobierno, así como de periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes religiosos.

El aumento de estos casos se corresponde con la mayor presencia de grupos armados extremistas en el norte de Siria, controlado en su mayor parte por la oposición.

Los autores de los secuestros suelen pedir un rescate a las familias o utilizar a sus víctimas con fines de intercambio de prisioneros.

Sin embargo, los comisionados puntualizan en el informe que los actos de ese tipo no equivalen a desapariciones forzadas porque no se niega la suerte de la víctima, aunque sí observan que en el contexto de guerra en Siria estos actos pueden equiparse a crímenes de guerra.

El informe de la comisión describe, apoyándose en diversos casos, cómo se ha diseminado el terror con las desapariciones forzadas, como las de médicos que atendían en zonas opositoras, una manera de disuadir a otros profesionales sanitarios de trabajar en ellas.

Reporta, asimismo, la desaparición en hospitales de civiles heridos percibidos como próximos a la oposición, "un fenómeno que ha aumentado significativamente en los últimos meses".

Otros casos tienen que ver con personas que denunciaron alguna desaparición y que luego fueron, ellas mismas, detenidas, situaciones que facilitan la extorsión de las angustiadas familias.

"Algunos pagan sobornos a gente que, muchas veces falsamente, afirma tener información del pariente desaparecido o asegura tener conexiones con las fuerzas de seguridad" para obtenerla, según la comisión.

Frente estos hechos, la comisión de la ONU pidió al Gobierno y a la oposición en Siria que mantengan un registro actualizado de las personas detenidas, que centralicen la información para transmitirla directamente a los interesados y que garanticen que todos los centros de detención son conocidos.