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  • AFP

España se mantendrá firme en su política penitenciaria hacia los presos de ETA, afirmó este viernes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en respuesta a una reciente declaración en la que los etarras encarcelados flexibilizaron su postura.

El colectivo de presos EPPK, que representa a cientos de militantes del grupo armado independentista vasco dispersos por cárceles españolas y francesas, aludió por primera vez el 28 de diciembre a posibles gestiones individuales para lograr su liberación, abandonando así la exigencia de una amnistía colectiva.

"Esa declaración (...) no va a tener ninguna virtualidad ni ningún valor en lo que hace referencia a la política antiterrorista del gobierno en general, ni en la política penitenciaria en particular, ni en la política de dispersión más en concreto todavía", afirmó Fernández Díaz.

Sucesivos gobiernos españoles han llevado a cabo durante años una firme política de dispersión de los presos de ETA con el objetivo oficial de evitar que se organicen en las cárceles.

Las familias de los presos, obligadas a recorrer grandes distancias para visitarlos, consideran esta medida como una represalia, y el acercamiento de los encarcelados al País Vasco sigue centrando las reivindicaciones etarras.

"Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa -nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria (País Vasco, ndlr)- se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena", había afirmado el colectivo en un comunicado.

El EPPK se declaró también dispuesto a "estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial".

Hasta ahora, los presos de ETA se negaban a aceptar el sistema de beneficios penitenciarios por considerar su encarcelamiento como ilegítimo.

En su comunicado, los presos afirmaron asimismo reconocer "el sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto". Y corroboraron el fin de los atentados anunciado el 20 de octubre de 2011 por ETA: "en adelante (...) utilizaremos vías y métodos políticos y democráticos, de acuerdo con las decisiones que se han tomado en ese sentido", aseguraron.

El gobierno conservador español no cesa de reclamar la "disolución" del grupo sin condiciones.