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El español Pedro Urrutia, detenido en Costa Rica el martes pasado por sospechas de cometer una estafa en su país por 18 millones de euros, vivía en una remota zona costarricense "como un rey", según el testimonio de vecinos al diario Al Día y divulgados el domingo.

De acuerdo con los testimonios que el rotativo recogió en la zona de San Carlos, el municipio donde Urrutia posee varias propiedades, el español de 71 años ofrecía "fiestas espléndidas" con decenas de invitados como médicos, empresarios, políticos y personalidades locales.

Vecinos confesaron que tiene una novia de 24 años, a quien obsequió un lujoso auto Mercedez Benz 2008 valorado en casi 80.000 dólares, según la nota de Al Día.

"Usaba costosos relojes Rolex que cambiaba constantemente y siempre pagaba la cuenta, no le gustaba que lo invitaran", subarayó la información.

"Era común que en los pueblos le dedicaran topes, cabalgatas y bailes, y si ocupaba hablar con el alcalde, sobre algún trámite municipal, lo llamaba directamente", destacó la nota.

Según el diario costarricense, Urrutia está internado en el hospital La Católica, en San José, aquejado de un mal cardíaco.

Estaba recluido en la cárcel de San Sebastián en la capital, pero fue trasladado al centro médico donde lo custodian oficiales de Policía.

De acuerdo con la información, Urrutia llegó a la zona de San Carlos (norte) hace dos años y dijo a los vecinos que buscaba un sitio tranquilo para vivir.

Una de sus más cercanas amistades es el obispo Ángel San Casimiro, además de Teresita Quirós, regidora municipal y excandidata a diputada.

San Casimiro, también español, admitió que medió a su favor ante Migración para que le otogaran la residencia temporal.

"Siempre decía que tenía mucho dinero. Nunca lo vimos temeroso de que su nombre saliera a relucir", confesó Quirós a Al Día.

Urrutia posee inversiones en extensas zonas dedicadas a la agricultura, autos de lujo y una gasolinera valorada en casi tres millones de dólares, según autoridades judiciales.

La Dirección General de Migración inició un proceso para despojarlo de la residencia temporal que concedió hace un año y podría deportarlo próximamente.