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  • AP

El jurado reanudó el lunes sus deliberaciones para determinar si es culpable o inocente un acaudalado empresario venezolano acusado de haber transgredido la ley para ocultar que un maletín confiscado en 2007, con 800.000 dólares, habría sido enviado por el gobierno de Hugo Chávez a la campaña política de la actual mandataria argentina Cristina Fernández.

Tras ocho semanas de juicio, los 12 miembros del jurado empezaron a deliberar el viernes al mediodía y entraron en un receso ese día en la tarde. Las deliberaciones, que siguieron a los alegatos finales de la defensa y la fiscalía, fueron reanudadas el lunes por la mañana.

No existe un plazo máximo para que el jurado concluya las deliberaciones.

Franklin Durán, de 41 años, está acusado de haberse asociado ilegalmente en Estados Unidos junto a otros cuatro sudamericanos para encubrir el origen y el destino del dinero del maletín. Además, enfrenta el cargo de haber actuado como agente del gobierno de Venezuela sin haber notificado previamente a las autoridades, como lo requieren las leyes.

A diferencia de los otros cuatro acusados, Durán, que llevaba años realizando negocios presuntamente corruptos con el gobierno de Chávez, se declaró inocente y por eso fue enjuiciado.

Tres de los acusados —dos venezolanos y un uruguayo— se declararon culpables y resolvieron colaborar con el gobierno para que les reduzcan sus sentencias. Aún esperan sus condenas. El quinto acusado, un presunto agente de inteligencia de Venezuela, está prófugo de la justicia estadounidense.

Si el jurado declara culpable a Durán, la jueza Joan Lenard podría sentenciarlo a un máximo de 15 años de prisión. En ese supuesto, podría apelar el veredicto ante un tribunal superior de Atlanta, y si allí tampoco obtuviera un resultado favorable, podría llevar su caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

En cambio, si el jurado lo declarara inocente, la fiscalía no podría apelar la decisión y Durán sería absuelto de las acusaciones.

De acuerdo con la fiscalía, el dinero del maletín fue uno de los numerosos envíos de Chávez a la campaña política presidencial de Fernández.

Los fiscales alegan que Durán y los demás acusados presionaron en Miami a Guido Alejandro Antonini Wilson, el empresario venezolano-estadounidense al que le confiscaron el maletín el 4 de agosto del 2007, para que no revelara que el dinero provenía del gobierno de Venezuela y estaba destinado a la campaña de Fernández.

Según la fiscalía, los acusados actuaron a pedido del gobierno de Venezuela.

La defensa, en cambio, argumentó durante el juicio que Durán viajó a Miami para ayudar a Antonini, con quien tenía una amistad de más de 20 años.

Ed Shotat, el abogado de Durán, sostiene que su cliente cayó en una trampa del FBI, que lo indujo a involucrarse en el escándalo del maletín.