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Cientos de personas manifestaron el lunes en la capital costarricense contra una mina de oro en el norte del país, que fue autorizada por el presidente Oscar Arias a pesar de que sus operaciones implicaban destruir cientos de árboles protegidos por la ley.

Algunos centenares de ambientalistas, estudiantes, políticos y habitantes de cercanías de donde funciona la mina se concentraron frente a la sede del Congreso y del ministerio de Ambiente para expresar su inconformidad con Las Crucitas, una explotación de oro a cielo abierto a cargo de una subsidiaria de la canadiense Infinito Gold (antes Vannessa Ventures) situada a unos 170 kilómetros de la capital.

Los manifestantes exigieron dar marcha atrás a un decreto firmado por Arias para declarar "de interés nacional" la iniciativa minera, por el cual la Fiscalía abrió contra el presidente una investigación por prevaricato, delito que se configura al dictar una resolución contraria a la ley o sustentada en hechos falsos.

La irregularidad supuestamente la cometió porque el proyecto minero contempla talar 168 almendros amarillos, árboles protegidos por las normas costarricenses por tratarse del único hábitat de la lapa verde (Ara ambiguus) una ave, del mismo género que las guacamayas, que está en peligro de la extinción.

La presidenta de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, Heidi Murillo, dijo en una de las manifestaciones que "la minería ha demostrado ser una actividad muy destructiva. Ni aquí, ni en Centroamérica existe un proyecto exitoso. La mina Bellavista fue un completo fracaso y nadie ha salido a dar explicaciones".

La activista se refería a otra mina propiedad de Metales Procesados, subsidiaria de la canadiense Glencairn, que anunció en julio del 2007 la suspensión de los trabajos a causa de grandes deslizamientos en la propiedad. La compañía planeaba operar por ocho años la mina, pero debió parar después de transcurridos dos.

"Aparte del desastre natural, la minería además consume muchísima agua", sostuvo Murillo.

Con pancartas y música, cientos de ecologistas se apostaron frente al ministerio pidiendo la renuncia de Arias y exigiendo el "alto a la guerra contra la naturaleza", pero el titular de la cartera, Roberto Dobles, no estaba en el edificio, pues debía explicar ante el Congreso el decreto que autorizó la mina, el cual ha defendido afirmando que se basó en numerosos estudios técnicos.

Arias justificó la semana pasada la firma del documento al decir que lo hizo aconsejado por los asesores legales de varias dependencias de la cartera dirigida por Dobles.

Una primera concesión en Las Crucitas se otorgó en 2002. Con la nueva licencia, la empresa canadiense planea invertir 68 millones de dólares en el proyecto, de los cuales dice haber desembolsado ya 15 millones en la preparación para abrir la mina en octubre del 2009.

Las operaciones de Industrias Infinito, la subsidiaria local de la empresa canadiense, fueron suspendidas por orden judicial mientras se dilucida la constitucionalidad del decreto que autorizó la mina.

En pleno desarrollo de la manifestación contra la mina apareció un grupo de unas 60 personas que mostraron pancartas a favor del proyecto, como una en la que se leía: "paz con la naturaleza pero con el progreso también".

Carlos Vega, uno de los manifestantes a favor de la mina, recordó la pobreza prevaleciente en la frontera con Nicaragua, en donde se encuentra la mina, por lo cual consideró necesario "desmentir (a los ambientalistas) porque es un proyecto que beneficiará una comunidad muy pobre".

No se reportaron choques entre los grupos contrarios, aunque la policía se hizo presente de manera preventiva.