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MÉXICO / AFP

La declaración de un testigo protegido en el Consulado mexicano en Washington fue la pista que siguió la Procuraduría mexicana para descubrir una red de funcionarios cómplices del narcotráfico, liderada por el responsable de coordinar los operativos contra el tráfico de drogas.

El testigo protegido era un espía que el narcotráfico habría infiltrado en la Embajada de Estados Unidos y que le pasó información de la DEA a la organización del cártel de Sinaloa, de los hermanos Beltrán Leyva. Un funcionario mexicano, que no está autorizado a revelar su identidad, dijo que el espía que habría infiltrado la Embajada de Estados Unidos trabajó para la Interpol.

En la declaración del testigo protegido en el Consulado de la Embajada de México en Washington, se manifestó que “servidores públicos adscritos a la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) al menos desde 2004, forman parte del cártel de Sinaloa”, dijo ayer lunes Marisela Morales, titular de la SIEDO.


La SIEDO en el ojo del huracán
La investigación se inició tras constantes operativos frustrados por filtraciones que salían de la SIEDO hacia los cárteles de la droga.

Esta investigación resultó en la detención en agosto pasado de Fernando Rivera, director de Inteligencia en la coordinación técnica de la Subprocuraduría, así como de cuatro funcionarios más y de 35 ministerios públicos.

Como parte de la investigación denominada “Operación Limpieza”, se determinó que Rivera Hernández recibía dinero de la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva, separada recientemente del cártel de Sinaloa.

Los funcionarios involucrados “recibían pagos (de los hermanos Beltrán Leyva) que iban desde 150,000 hasta 450,000 dólares mensuales”, añadió Marisela Morales en rueda de prensa.


Anticipaban datos sobre operativos
Se dedicaban a anticiparles datos sobre operativos, allanamientos, así como de órdenes de aprehensión e información clasificada en poder de la Procuraduría, detalló, por su parte el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.

“Se han separado a 35 ministerios públicos de la SIEDO (adscrita a la Fiscalía Federal) y otro personal de apoyo. El proceso de limpieza y revisión de personal y procedimiento continuará y se hará de manera permanente”, añadió Medina Mora.

La detención de agentes del ministerio público comenzó en julio pasado, precisaron los altos funcionarios.

A partir de la detención de este funcionario de la SIEDO, que se encuentra ya recluido en una cárcel de Jalisco (oeste), fueron identificados otros cuatro funcionarios, entre ellos los agentes federales de investigación Antonio Mejía y Alberto Zavala, también recluidos en el penal de Jalisco.

En tanto, Miguel Colorado González, coordinador técnico, es objeto de una solicitud de detención con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.

La solicitud de extradición es por la investigación iniciada en Estados Unidos por “asociación delictuosa y por conspiración para producir y distribuir drogas, especialmente cocaína en los Estados Unidos”, añadió el procurador.

Mientras, el agente Francisco Javier Jiménez tiene una orden de aprehensión y se encuentra prófugo.

La organización de los hermanos Beltrán Leyva, que recibió un duro golpe con la detención de Alfredo Beltrán en enero pasado, se desprendió del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “Chapo” Guzmán y estableció alianzas con el cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo.

Los Beltrán Leyva también fueron debilitados con la detención hace una semana de una banda de colombianos que introducían a México vía marítima, media tonelada de cocaína al mes, destinada a proveer a este grupo criminal.

Sin embargo, según una investigación del periódico Reforma, sus nuevos aliados del cártel de Juárez son los menos golpeados por las autoridades con sólo nueve detenciones en los últimos años.

La guerra entre los cárteles de la droga mexicanos se ha intensificado en los últimos dos años, y sólo en lo que va de 2008 ha dejado más de 3,800 muertos, según recuentos de la prensa mexicana, a pesar del despliegue de 36,000 militares emprendido por el gobierno federal.