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La Comisión Europea busca "una solución financiera" para que el consorcio europeo que realiza las obras de ampliación del canal de Panamá las termine "en el tiempo previsto y en las mejores condiciones", indicó este lunes el canciller español José Manuel García-Margallo.

"Lo que la Comisión Europea plantea es buscar una solución financiera para que las empresas resuelvan el problema de liquidez inmediato y la obra pueda continuar al ritmo previsto", indicó García-Margallo al llegar a una reunión de ministros en Bruselas negando que se haya "hablado de una mediación" en el diferendo que opone al consorcio con las autoridades panameñas "como un método de solución al conflicto".

"Los métodos de resolución del conflicto, según el contrato, es el arbitraje", añadió.

El domingo el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, anunció que mediaría en la crisis a pedido del consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), formado por la firma española Sacyr, la italiana Salini Impregilo y la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA).

Este lunes un portavoz del Ejecutivo europeo, Olivier Bailly, confirmó que el consorcio europeo pidió una mediación.

"Tajani quiere una solución razonable para todas las partes", indicó Bailly agregando que el vicepresidente aceptó mediar entre las empresas y las autoridades panameñas.

Tajani "ya contactó a las autoridades de los tres países concernidos (español, italiano y belga) y continuará las conversaciones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI)", añadió destacando que el primer resultado concreto de esta mediación "es que las 3 empresas levantaron el ultimátum" de cesar las obras este lunes, que continuaron mientras dure la negociación.

El portavoz no adelantó ningún calendario.

El consorcio de empresas amenazó el pasado 30 de diciembre con suspender la construcción del tercer juego de esclusas, el proyecto más importante de la ampliación del canal.

Bajo esa amenaza, el consorcio dio un plazo de 21 días (que concluyó este lunes) a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para que le reconociera un sobrecosto de 1.600 millones de dólares sobre el valor del contrato original de las esclusas (3.200 millones).