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El gobierno defendió el martes el proyecto de estatización del sistema pensiones durante el inicio del debate en el Congreso ante las críticas de los legisladores de la oposición, que reclaman que se limite la disponibilidad de los fondos previsionales.

"Ese es dinero de los trabajadores para los jubilados de hoy y para los que vengan... Los fondos van a estar garantizados por los tres poderes del Estado", aseguró el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, durante su presentación ante las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Luego de escuchar a funcionarios y representantes de los sectores involucrados, los diputados que integran ambas comisiones deberían acordar un dictamen de mayoría para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. Si es aprobado, pasará entonces al Senado, donde el gobierno espera que el proyecto quede convertido en ley antes de fin de año.

La presidenta Cristina Fernández envió la semana pasada al Congreso el proyecto de estatización del sistema privado de pensiones --controlado por 10 aseguradoras que poseen 9,5 millones de afiliados--, lo que implica la transferencia al Estado de fondos por unos 23.000 millones de dólares, según explicó ante los diputados, Amado Boudou, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Aunque el gobierno asegura que la intención es proteger a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad que han sufrido los fondos privados por la crisis financiera internacional, en la oposición predomina la idea de que el Ejecutivo necesita hacerse de ese dinero para cubrir sus obligaciones de deuda en los próximos años.

Incluso algunos sospechan que la administración de Fernández podría utilizar parte de esos recursos para la campaña hacia los comicios legislativos de 2009, cuando se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

"No necesitamos caja, no necesitamos fondos", aseveró Boudou ante los legisladores.

Pese a que el oficialismo posee mayoría en ambas cámaras, los analistas creen que la aprobación del proyecto dependerá de la disposición del Ejecutivo a introducir los cambios reclamados por la oposición y algunos sectores del propio oficialismo.

"Lo que está en juego, en el fondo y en la opinión pública, no es tanto la discusión de si los fondos deben ser públicos o privados, sino la preservación de los fondos, la seguridad de los fondos... El debate central va a ser cómo se preservan los recursos", dijo a AP el analista político Ricardo Rouvier.

La centenaria Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y otras fuerzas se han manifestado a favor de un único sistema estatal de jubilaciones pero objetan el proyecto porque a su entender no ofrece garantías de control sobre los fondos previsionales.

Por este motivo, han condicionado su voto a que el gobierno acceda a incluir un artículo que garantice la intangibilidad de esos fondos.

"Las jubilaciones no vuelven al Estado, van a caer en manos de una banda de ladrones", dijo más temprano Elisa Carrió, titular de la opositora Coalición Cívica, fuerza que reclamará la creación de una comisión parlamentaria que durante nueves meses elabore una reforma previsional integral.

En tanto, los partidos de centroderecha anticiparon que votarán en contra porque defienden la existencia de un sistema mixto de pensiones.

De las 257 bancas que integran la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con 127 legisladores, más otros 20 que pertenecen a bloques aliados. Los opositores, en tanto, suman 107 bancas. Hay tres escaños sin ocupar.

El gobierno instruyó a los líderes del bloque oficialista a aprobar el proyecto lo antes posible, pero los plazos estarán sujetos a las negociaciones para lograr un texto de consenso.

Tampoco está claro si el Ejecutivo logrará encolumnar detrás del proyecto a los legisladores oficialistas disidentes, que también reclaman la inclusión de artículos que limiten la disponibilidad del dinero que pasará a manos de la ANSeS.

Si bien un rechazo por parte del Congreso aparece por ahora como remoto, un antecedente reciente demuestra que el gobierno no puede fiarse antes de la votación.

En julio, Fernández envió al Parlamento un proyecto de ley para ratificar un polémico aumento en los impuestos a la exportación de granos que había desatado una rebelión del sector agropecuario.

La iniciativa, que había obtenido media sanción en Diputados por apenas siete votos de diferencia, no prosperó en el Senado