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La fiscal general prometió el martes investigar denuncias de corrupción contra un oponente de Hugo Chávez, lo que suscitó protestas de los adversarios del gobierno que dicen que los aliados del líder socialista utilizan el sistema de justicia para marginar a los oponentes antes de las elecciones para gobernaciones y municipalidades.

Ortega anticipó que la fiscalía interpondrá cargos penales contra Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, antes de fin de año.

La fiscal habló por la televisión estatal poco antes de que Giancarlo Di Martino, un estrecho aliado de Chávez que se postula a gobernador en Zulia, acusara formalmente a Rosales de extorsión y malversación de fondos públicos.

Di Martino acusó además a Rosales de estar involucrado en el asesinato de Julio Soto, un líder estudiantil que ayudó a organizar protestas el año pasado contra las enmiendas constitucionales propuestas por Chávez. Soto murió el 1 de octubre acribillado a balazos cuando viajaba en un automóvil.

Rosales negó tener nada que ver y dijo que aliados de Chávez como Di Martino quieren formular cargos falsos contra él para impedir su victoria en las urnas el mes próximo. Rosales se postula a alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad venezolana.

"Ellos han soñado siempre con sacarme del juego político", dijo Rosales. "No pueden ganar con los votos, entonces tratan de ganar con trampas".

Rosales censuró al gobierno por interceptar su teléfono y utilizar ediciones de voz para "crear montajes" que Alberto Noria, conductor de un programa televisivo y partidario de Chávez, ha transmitido por la televisión estatal. Noria sostiene que las grabaciones son prueba de corrupción.

Rosales no es el único adversario de Chávez que podría enfrentar pronto cargos delictivos.

Un juez reabrió recientemente un caso contra un alcalde de Caracas sospechoso de fomentar protestas violentas frente a la embajada cubana durante un fugaz intento golpista para derrocar a Chávez en el 2002. Henrique Capriles, que se postula a gobernador en el estado de Miranda, ha calificado la decisión como un intento de sabotear su actual campaña.