Jorge Eduardo Arellano
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LA PAZ / AFP

El gobierno del presidente Evo Morales y la justicia entraron en Bolivia en un conflicto de poderes tras el anuncio del Poder Ejecutivo de que no acatará un fallo judicial que ordenó el lunes el traslado a Sucre del prefecto rebelde, Leopoldo Fernández, detenido en una cárcel pública de La Paz.

“No daremos curso a este fallo” judicial, dijo este martes el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, mientras que su colega de Gobierno (Interior), Rubén Gamarra, declaró que el prefecto, que ganó el recurso legal, “no saldrá” de prisión.

Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Sacha Llorenti, acotó en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial que “el gobierno boliviano no tiene la obligación de cumplir” el fallo de la Corte de Distrito de Chuquisaca, porque --según él-- es “ilegal”.

Fernández, un duro opositor de Morales, fue detenido a mediados de septiembre, acusado por desacato a un estado de sitio que decretó el mandatario izquierdista para frenar la violencia social en ese departamento, que dejó 18 muertos, 16 de ellos en una matanza de campesinos, y recurrió a la justicia por considerar que su encarcelamiento fue ilegal. El gobierno lo acusó posteriormente de ser autor intelectual de esas muertes.

Para el abogado defensor del gobernador de Pando, Carlos Brito, “el prefecto goza de caso de Corte (...), es decir, que no puede ser detenido por un juez ordinario como hizo el gobierno, y si hay una denuncia contra él entonces corresponde su proceso en la Corte Suprema de Justicia”.

El fallo de la Corte de Distrito de Chuquisaca conmina al gobierno a trasladar en 48 horas a Fernández a Sucre, para que en esta ciudad se le siga el proceso, aunque deberá seguir detenido, mientras el Poder Ejecutivo recalcó que no está dispuesto a acatar la determinación.

La reacción del Poder Ejecutivo provocó incluso que el presidente Evo Morales denunciara que circuló “mucha plata” para que la justicia falle a favor del prefecto Fernández, empero no dio pruebas ni más detalles que sustenten su denuncia. “Se sospecha que ha habido mucha plata”, afirmó el gobernante, quien dijo que “no es posible que algunos miembros de la justicia boliviana traten de ayudar a un delincuente”.

Las acusaciones motivaron la inmediata protesta y el rechazo de dos jueces que atendieron el caso del prefecto Fernández, quienes exigieron al gobernante “probar sus acusaciones”. “Yo no acepto esas acusaciones y las rechazo, nuestro fallo fue en estricto apego a la ley y a la Constitución”, afirmó la jueza Elena Lowental, quien emitió el veredicto junto a su colega Oswaldo Fong.

Podemos, la principal fuerza de oposición, se sumó a la polémica que protagonizan el gobierno y la justicia, al señalar que el presidente Morales “juró cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que debe acatar el fallo judicial”, según dijo el senador de esa agrupación, Fernando Rodríguez.