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BOGOTÁ / AFP

El gobierno colombiano realizó ayer miércoles una purga sin antecedentes en el Ejército al retirar a 27 uniformados, incluyendo tres generales, en momentos en que es fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos y el país es visitado por la alta comisionada de ONU, Navi Pillay.

La destitución de los militares responde a los resultados de una investigación del Ministerio de Defensa a las muertes de una veintena de jóvenes --desaparecidos a principios del año de un humilde sector del sur suroeste de Bogotá-- hechas pasar como bajas de la guerrilla en combate en el noreste del país.

“La investigación ha encontrado que puede haber integrantes de las fuerzas armadas incursos en asesinatos”, dijo el presidente Álvaro Uribe, en una conferencia de prensa en la casa presidencial, en la que anunció la decisión.

Por su parte, el Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que hay “serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles”, incluyendo “el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones”.


Víctimas reportadas como “muertos en combate”

En el comunicado se reconoce que esa situación “pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados”.

Los jóvenes, que vivían en Bogotá, fueron reportados como muertos en combates registrados en una apartada zona rural del municipio de Ocaña (noreste), donde fueron sepultados como no identificados.

Según familiares, antes de que ocurriera las desapariciones, desconocidos habían ofrecido a los jóvenes empleos en haciendas del norte del país con elevados salarios.


Generales rechazan acusaciones
Los tres generales destituidos eran los más altos responsables militares en la región donde se presentaron los supuestos combates en que murieron los jóvenes.

Dos de los generales destituidos rechazaron las acusaciones.

“Bajo ninguna circunstancia por mi mente pudo atravesar mandar asesinar a alguien para presentar un falso positivo”, dijo el general Paulino Coronado a radio Caracol.

Por su parte, el general Roberto Pico se declaró “muy sorprendido” por la decisión del gobierno. “Tengo mi conciencia tranquila”, dijo a RCN.

Para el senador por el opositor partido Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), Gustavo Petro, la causa de esta situación es la política implementada por el gobierno de Uribe de incentivar a los militares por el número de bajas como prueba de eficiencia, según dijo a la AFP.


Gobierno presionado
Petro recordó que hace tres años el Congreso debatió sobre los denominados “falsos positivos” (montajes de las Fuerzas Militares para presentar resultados en su lucha contra las guerrillas izquierdistas o los paramilitares), y que en ese entonces la Procuraduría (Ministerio Público) tenía 1,000 denuncias similares al caso de Soacha.

Es de destacar la “coincidencia de que el hecho se produzca el día en que presentamos el informe (sobre desapariciones forzadas), y en medio de la visita de la alta comisionada de la ONU”, dijo por su parte Alirio Uribe, miembro de la ONG Colectivo de Abogados, a la AFP.

El escándalo sobre la presunta responsabilidad de los militares en las muertes de esos jóvenes coincide con la visita de Pillay, alta comisionada de ONU para Derechos Humanos, en la antesala del examen que Colombia presentará en diciembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.

Además, apenas el martes, un informe sobre los ataques a la población civil presentado por Amnistía Internacional cuestionó el hecho de que los países de la Unión Europea (UE) no es lo suficientemente “contundentes” con el gobierno colombiano ante la grave situación de derechos humanos.

Finalmente, ayer miércoles fue presentado en Bogotá un informe del colectivo de ONG ‘Misión Internacional de Observación’ que afirma que desde enero de 2007 hasta la fecha se ha reportado la desaparición forzada de 535 personas, en su mayoría por el Ejército.