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  • EFE

Las autoridades de Bosnia y Herzegovina esperan para hoy más protestas ciudadanas contra la pobreza y la corrupción, en medio de llamamientos políticos a convocar elecciones anticipadas, informan los medios de comunicación locales.

Varios grupos de manifestantes han pedido autorización para nuevas marchas en ciudades como Sarajevo, Mostar, Livno, Bugojno y Cazin, todas situadas en la federación croata-musulmana del país, asegura la versión electrónica del diario "Avaz".

Las protestas, que comenzaron el miércoles pasado, se intensificaron el viernes con decenas de miles de personas en las calles y violentos disturbios en una treintena de ciudades, donde instituciones del Gobierno fueron atacadas y quemadas.

Ante el miedo a que las tensiones sigan aumentando los partidos gobernantes del ente croata-musulmán, el SDP y el SDA, han propuesto adelantar las elecciones generales, previstas para octubre próximo.

Así, pretenden evitar más violencia y restablecer el funcionamiento de las instituciones públicas del país.

El SDP socialdemócrata indicó hoy que si los otros partidos rechazan un adelanto electoral, el alto representante de la comunidad internacional, Valentin Inzko, debería hacerlo.

El líder del nacionalista SDA, Bakir Izetbegovic, coincidió con sus socios de coalición al decir que "en esta situación, elecciones anticipadas son la única opción".

Desde el inicio de las protestas, han dimitido ya los gobiernos de cuatro de los diez cantones que forman el ente croata-musulmana.

El último, que se produjo anoche, fue el del controvertido primer ministro del cantón de Bihac, Hamdija Lipovaca.

Por otro lado, el actual presiente bosnio de turno, el croata Zeljko Komsic, aseguró que dimitiría si se lo piden los ciudadanos.

Mientras tanto, los diferentes grupos de manifestantes, que iniciaron sus protestas en la ciudad industrial de Tuzla, donde la mitad de la población está sin empleo, seguían hoy difundiendo sus exigencias en las calles y en Internet.

Piden sobre todo la dimisión de los gobernadores cantonales, una lucha intensificada contra la corrupción y el nepotismo, así como más justicia social en un país donde un 40 % de la población no tiene empleo y un 20 % vive en la pobreza.