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El Comandante del Ejército, general Mario Montoya, anunció ayer martes su retiro del cargo, luego de destaparse un escándalo por ejecuciones extrajudiciales y que ya había costado la purga de 27 militares.

“La política de seguridad democrática definitivamente cambió la vida de los colombianos, se constituyó en la guía y misión para el Ejército que hasta hoy comando”, dijo Montoya, al leer una declaración en el comando del Ejército. La llamada política de “seguridad democrática” fue implantada por el presidente Álvaro Uribe al comienzo de su gestión en 2002, y consiste en el combate frontal contra grupos armados ilegales.

“A partir de ahora, como general en retiro, profeso las mismas convicciones de fe... por el Ejército”, dijo Montoya, de 59 años, 39 de ellos en las fuerzas militares.

El oficial había asumido el cargo de Comandante del Ejército en abril de 2006, en reemplazo del general Reinaldo Castellanos, quien también había dimitido como jefe de esa fuerza luego de que se conocieran denuncias de que varios soldados eran torturados en una unidad militar en Tolima, en el suroeste de Bogotá.

Negligencia
Montoya no explicó claramente las razones de su dimisión, pero su nombre quedó expuesto luego de que el gobierno de Uribe retirara del servicio activo el 29 de octubre a 27 uniformados, incluyendo a tres generales, alegando negligencia en casos de denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

Aún no está claro quién y cómo fueron ordenados los últimos casos conocidos de al menos 11 hombres, oriundos de la barriada de Soacha, al sur de Bogotá, muertos a manos del Ejército y presentados como bajas en combate en una región del noreste colombiano.

“Si renunció, tiene su pecado”, dijo Luz Palacio, madre de Jader Andrés Palacio, de 22 años, uno de los desaparecidos en agosto, de Soacha, y encontrado muerto ese mismo mes en Ocaña, un poblado al noreste del país. “Si él (Montoya) estaba ‘untado’ (involucrado) en la desaparición de los hombres de Soacha y de todas partes donde están reclutando (personas) y aparecen muertos, que se vaya a la cárcel y que pague”, agregó la mujer, entrevistada por la AP en el Congreso, donde asistía a una sesión citada por senadores para discutir precisamente casos de ejecuciones extrajudiciales.

De oscuro expediente
Montoya era visto por observadores como un oficial de oscuro expediente castrense, al punto de que en agosto pasado un paramilitar desmovilizado denunció ante la Fiscalía General que supuestamente el jefe del Ejército había tenido nexos a comienzos de esta década con Ever Veloza, alias HH, un reconocido jefe de esas bandas armadas ilegales, actualmente en prisión.

Montoya negó la denuncia y pidió a la Fiscalía investigarlo.

“Han pasado 39 años al servicio de mi patria. Hoy considero haber llegado al final de la jornada”, dijo el oficial. “Nadie mejor que mis soldados pueden dar testimonio de mi gran dedicación para lograr para los colombianos la paz que por años hemos anhelado”, añadió el oficial.

Para activistas, la salida de Montoya fue un primer paso en la depuración de las Fuerzas Armadas colombianas, de más de 400,000 miembros.

“Recibimos esta noticia con beneplácito. El general Mario Montoya había sido reseñado en múltiples informes de derechos humanos como cometiendo violaciones... desde los (años) 70”, dijo en diálogo telefónico Iván Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado.

El retiro del militar “es una buena señal en el sentido de que comienza a producirse una depuración (en las filas militares), pero no es suficiente... el ministro (de Defensa, Juan Manuel Santos) también debe renunciar y debe haber juicios y condenas” para aquellos que estén involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales, agregó.