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Cincuenta años después del golpe de estado militar de Brasil, los organismos de derechos humanos claman por el fin de la "impunidad" que la polémica amnistía de 1979 instauró en el país durante y después de la dictadura (1964-1985).

Aprobada hace 35 años por un Congreso que servía como "fachada democrática" al régimen militar, la amnistía impide juzgar a los acusados de delitos como tortura, secuestro o asesinato cometidos durante la dictadura y es hoy duramente criticada por movimientos sociales que exigen castigo para los crímenes de lesa humanidad.

"Brasil es el país de la impunidad", aseguró a Efe el abogado Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos del estado de Río Grande do Sul.

Activista en la lucha contra la dictadura, Krischke subrayó la "falta de interés" político para derogar la norma y cuestionó la decisión del Tribunal Supremo brasileño de no revisar la ley, aprobada por un Parlamento servil al régimen y en el que un tercio de los miembros estaban designados a dedo por los militares.

"Nuestra Corte Suprema tomó una decisión de manera contraria a lo que el mundo entendía. Tenemos que cambiar la ley en el Parlamento para que el Tribunal entienda que no es posible vivir en la impunidad", resaltó.

En 2010, diversos movimientos sociales exigieron la nulidad de la amnistía, pero el Tribunal Supremo refrendó la ley por siete votos a favor y dos en contra.

Meses después de la decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia en la que pedía al Estado brasileño que castigara a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

Aunque la CorteIDH se refirió, concretamente, a un movimiento guerrillero que se alzó contra el régimen militar en la región de Araguaia, diversas organizaciones humanitarias consideran que la sentencia de ese organismo interamericano es "extensible" a todos los crímenes cometidos durante el periodo dictatorial.

El diputado Adriano Diogo, presidente de la Comisión de la Verdad del estado de Sao Paulo, que investiga los crímenes durante la dictadura, calificó de "terribles" las consecuencias de la norma, sancionada el 28 de agosto de 1979 por el general Joao Baptista Figueiredo, el último de los gobernantes militares.

"Por culpa de la Ley de Amnistía no salimos del capítulo de la memoria y no ingresamos ni en el capítulo de la verdad, ni en el de la justicia", declaró Diogo, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), en una entrevista con Efe.

Al igual que el diputado, la presidenta del Grupo Tortura Nunca Más, de Río de Janeiro, Cecilia Coimbra, consideró que la norma de 1979 es una ley de "autoamnistía" diseñada para beneficiar a los militares que cometieron "atrocidades".

La ley "estaba hecha para los opositores de la dictadura, pero los juristas incluyeron una nueva interpretación. Incluyeron a los agentes del Estado que torturaron y tomaron a personas ilegalmente", comentó la activista, quien fue secuestrada y torturada en 1970 junto con sus hermanos y su marido.

Según Diogo, más de 400 personas murieron en "enfrentamientos directos" durante la dictadura y unas 90.000 fueron presas y torturadas durante los 21 años en los que los militares mantuvieron el poder en Brasil.

En ese sentido, no existen datos realmente oficiales, aunque hay movimientos de derechos humanos que cifran los muertos en más de 1.000 y los desaparecidos en cerca de 400, unos números que la Comisión de la Verdad intenta esclarecer.

"Es necesario hacer una revisión de la Ley de Amnistía. Cuando se revoque la medida, todos los crímenes serán esclarecidos, todos los archivos serán abiertos, la verdad será contada y la justicia será hecha. En caso contrario, no se sabrá de los crímenes del pasado, ni mucho menos de los crímenes del presente", concluyó Diogo. EFE