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  • EFE

Unas 3.000 personas participaron hoy en Lima en una marcha para exigir al Gobierno de Perú que aplique "medidas efectivas" en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado en el país.

La marcha fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor gremio sindical del país, organizaciones empresariales, gobiernos regionales y representantes de la sociedad civil y religiosa.

Con el lema de "El Perú exige paz y seguridad ciudadana", los manifestantes se reunieron en el Campo de Marte de Lima antes de recorrer varias calles hasta llegar a la Plaza San Martín, en el centro histórico de la capital.

En ese lugar se realizó un mitin en el que participaron, entre otros, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el secretario general de la CGTP, Mario Huamán; el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar; y el obispo emérito Luis Bambarén.

Los participantes pidieron que se establezca un "Pacto Nacional por la Paz y la Seguridad Ciudadana", con el objetivo de proponer iniciativas que erradiquen la delincuencia y el crimen organizado.

El documento, que también plantea combatir la corrupción y las causas de la violencia en el país, fue enviado al Palacio de Gobierno.

Marchas similares, aunque más pequeñas, también se realizaron en las regiones norteñas de La Libertad y Tumbes, en las sureñas Cuzco y Arequipa, y en la central de Junín.

El Instituto de Defensa Legal (IDL), una de las organizaciones civiles vinculadas a la marcha, organizó durante la noche del miércoles vigilias en varios distritos de Lima, con el objetivo de que los ciudadanos expresen su "rechazo al crecimiento de la violencia en Perú".

Los asesinatos cometidos por sicarios, los robos de bandas y las extorsiones se han incrementado en los últimos meses en el país, principalmente, en regiones norteñas como Áncash, La Libertad y Piura, según autoridades y medios locales.

La situación ha llevado a la Fiscalía de Perú a conformar un grupo especial de fiscales para investigar delitos cometidos por sicarios y el crimen organizado en esa zona del país.

El presidente de Perú, Ollanta Humala, manifestó el domingo su preocupación por el incremento de la violencia en el país, sobre todo en la región Áncash y anunció que el Gobierno "hará valer las armas de la democracia" para poner orden.