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  • EFE

El Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó hoy una orden de prisión preventiva contra cinco funcionarios del gobierno regional de Cajamarca, ubicada al norte de Perú, y un empresario, a raíz de las denuncias de presunta corrupción presentadas por la Fiscalía.

La detención para los funcionarios y el empresario Wilson Vallejos fue solicitada por la fiscalía en una audiencia realizada hoy en la Sala Penal Nacional, informaron fuentes del Poder Judicial citadas por la agencia estatal Andina.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios ha denunciado al presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, funcionarios y contratistas por presuntos malos manejos en obras por 130 millones de soles (46 millones de dólares).

Santos dirigió hace dos años en su región una masiva protesta contra la minera Yanacocha, cuyo accionista mayoritario es la estadounidense Newmont, para que desista de extraer oro en el proyecto Conga, suspendido desde entonces.

Una investigación previa de la Contraloría General de la República presentó indicios sobre la existencia de una indebida concertación entre autoridades y funcionarios públicos del Gobierno Regional, con empresarios para defraudar patrimonialmente al Estado.

José Panta, uno de los funcionarios implicados, y el empresario Wilson Vallejos quedaron detenidos, tras asistir hoy a la audiencia judicial, agregó la fuente judicial.

El resto no estuvo presente en la sesión y deberán ser ubicados por la policía judicial.

La Contraloría General presentó el año pasado un informe en el cual señala que durante el periodo 2011 y 2012, el presidente regional de Cajamarca autorizó la transferencia de más de 600 millones de nuevos soles (241 millones de dólares) a la unidad ejecutora, Proregión, con la aparente finalidad de ejecutar proyectos de inversión.

Sin embargo, el informe agregó que se detectó la existencia de múltiples irregularidades en 11 procesos de contratación de obras y servicios, a cargo de Proregión, por 130 millones de nuevos soles (46 millones de dólares).

En una rueda de prensa, Santos declaró hoy que en la región que dirige "no se constituyó jamás ninguna organización criminal ni asociación ilícita para delinquir".

La autoridad regional atribuyó las acusaciones a una campaña mediática orquestada por las empresas multinacionales, a las que se enfrentó cuando se opuso al desarrollo del proyecto minero Conga.

Santos dijo que postulará a la reelección en las elecciones regionales de octubre próximo y que por ese motivo hay sectores que buscan desprestigiarlo.