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  • AFP

La exmagistrada Thelma Aldana asumió ayer sábado el cargo de fiscal general de Guatemala para un período de cuatro años y anunció una revisión al proceso abierto por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt.

“Ya estando en posesión del cargo podré revisar (el caso por genocidio) y entonces plantearé cuál es la posición” de la Fiscalía, declaró a periodistas la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia tras ser juramentada en el puesto por el presidente Otto Pérez.

Según Aldana, los únicos detalles que conoce del proceso son los que ha “escuchado y visto” a través de los medios de comunicación.

La magistrada sustituye en el cargo a Claudia Paz y Paz, rechazada por sectores conservadores y de derecha por impulsar casos emblemáticos contra militares acusados de violaciones a derechos humanos, entre ellos el general Ríos Montt.

Bajo la dirección de Paz y con el apoyo de abogados de víctimas de la guerra civil guatemalteca, la Fiscalía logró en mayo de 2013 que un tribunal emitiera una sentencia de 80 años de cárcel contra el militar por la matanza de 1,771 indígenas mayas-ixiles durante su régimen de facto (1982-1983).

200 mil muertos

La condena fue anulada diez días después por la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, alegando errores procesales. El tribunal ordenó un nuevo juicio, que debe comenzar el 5 de enero de 2015.

A un año de la anulación de la sentencia por genocidio, el Congreso guatemalteco reavivó la polémica al aprobar una resolución no vinculante en la que niega que ese crimen contra la humanidad hubiera ocurrido en Guatemala durante el conflicto armado que sufrió el país entre 1960 y 1996.

La propuesta, que causó malestar entre grupos de derechos humanos, fue aprobada a petición de un diputado afín al militar retirado de 87 años, quien pasa sus días en arresto domiciliario en su residencia en un exclusivo sector en el este de la capital y bajo cuidados médicos.

El régimen de facto de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra que dejó 200,000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.

 

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DE MAYO de 2013, el tribunal dicta condena de 80 años.

 

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DÍAS después la corte constitucional anula el fallo.