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afp / BOGOTÁ

El colapso de las “pirámides financieras” que prometían ganancias descomunales cobró el jueves un muerto e impactará duramente sobre la economía de varias regiones colombianas donde reina el caos por reclamos de enardecidos inversionistas que depositaron allí cientos de miles de dólares.

En el hecho más grave de todos los desórdenes resultó asesinado el personero --defensor del pueblo-- del municipio de Guesaco, Byron Santander, cuando cientos de desesperados ahorradores de una “pirámide” creyeron que intentaba fugarse con parte de su dinero.

“Hacia las 11H50 de anoche (04H50 GMT de ayer jueves), el joven personero fue asesinado tras recibir tres disparos de personas que creían que estaba huyendo con su dinero”, aseguró Fabio Trujillo, secretario de Gobierno del sureño departamento de Nariño, donde está ubicado Guesaco.

Los desórdenes civiles surgieron luego de que una de las empresas captadoras de dinero hizo llegar a miles de ahorradores una circular en la que argumentó que debido a la crisis financiera mundial iba a bajar los intereses prometidos de 350% al 70%. A ello se sumó el cierre de otras pirámides.

El gobierno sospecha que detrás de las “pirámides” se esconden mecanismos de lavado de dinero del narcotráfico. Por ello, pidió a la Fiscalía investigar a 1.302 entidades que realizaron transacciones sospechosas y pidió colaboración a la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos.

Tal es el caso de la comercializadora DMG, que pese a que sus directivos rechazan que se les señale como una pirámide, es objeto de estudio por parte de las autoridades.


Intervención tardía
Cientos de usuarios de esta empresa se agolparon ayer jueves en sus sedes para asegurar la devolución de su dinero.

“Es una lástima que toda la discusión jurídica nos lleve a una intervención tardía. El gobierno lo reconoce pero haremos todo el esfuerzo para erradicar definitivamente estas prácticas que tanto daño le hacen a la patria”, dijo el presidente Álvaro Uribe.

“Va a ser una situación social muy compleja. Son riesgos que no estaban amparados por el Estado y ahora nos toca encontrar los mecanismos para diseñar apoyo a los estafados. Miraremos cómo acompañar los procesos de liquidación”, señaló el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.

Zuluaga admitió a la radio local que frente a la manera en que han operado estas entidades captadoras de dinero, el control de las autoridades quedó corto, y que ello obedece a que estas compañías “conocen muy bien la forma de evadir la acción del Estado”.

“Es una problemática social enorme. Son cientos de miles los que hoy se declaran estafados. A uno le sorprende que la gente después de todo lo que se ha dicho, de la experiencia pasada, siga llevando sus recursos, entregando plata, gente de todos los niveles”, lamentó el ministro.


Disturbios en varios municipios
Las televisoras locales seguían mostrando imágenes de la enardecida muchedumbre agolpada frente a las sedes de estas empresas. Los disturbios --que incluyeron el hurto de los electrodomésticos y la quema de varias casas-- llevaron a alcaldes de siete poblaciones a decretar el toque de queda.

Los disturbios tuvieron lugar especialmente en los departamentos sureños de Nariño, Cauca y Putumayo, así como en Risaralda y Quindío (centro).

El fiscal general, Mario Iguarán, anunció que espera en los próximos días los resultados de una investigación que ordenó hace tres meses en contra de estas instituciones. “La Fiscalía creó un grupo interinstitucional de policía judicial y le dio un plazo de tres meses. Esperamos los resultados”, dijo.

La situación es tan compleja que economistas consideran que el hecho afectará radicalmente a la clase media colombiana.

“La caída de las pirámides va a empobrecer a la clase media colombiana. Mucha gente le apostó todos sus ahorros al espejismo que dejaban estos negocios y hoy quedan, no sólo sin dinero, sino con una gran deuda. Las consecuencias para la sociedad van a ser funestas”, dijo a la AFP Ricardo Bonilla, director del observatorio económico de la estatal Universidad Nacional.

“El fenómeno afectará a unos 500.000 hogares colombianos, la mayoría de clase media. Esto implica la pérdida de la capacidad de ahorro y una sustancial disminución en la capacidad de consumo”, opinó, por su parte, Luis Jorge Garay, consultor privado.