Jorge Eduardo Arellano
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afp / MADRID

Dos organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron ayer jueves ante la justicia española una denuncia contra el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y 14 militares del país centroamericano por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres en 1989.

La denuncia, presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EU), acusa a los demandados de “crímenes contra la humanidad” y de “terrorismo de Estado”, informaron fuentes jurídicas.

La demanda se apoya en el principio de justicia universal que permite a los tribunales españoles perseguir crímenes de lesa humanidad fuera de sus fronteras, informaron fuentes jurídicas.

Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, será el encargado de tramitar el caso, y su primer paso será remitir la denuncia a la Fiscalía para que informe si España es competente para juzgar los hechos denunciados.

Los querellantes acusan a Cristiani de “encubrir” el crimen perpetrado por el Ejército salvadoreño, 14 de cuyos miembros figuran también en la denuncia como “responsables” del mismo.

Los militares acusados en la querella son los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando, Francisco Elena Fuentes y Guillermo Alfredo Benavides, ya juzgado en El Salvador por estos crímenes.

La denuncia también incluye a los tenientes Carlos Camilo Hernández, José Ricardo Espinoza y Gonzalo Guevara, así como los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate, el cabo Ángel Pérez y los soldados Óscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.

El ataque tuvo lugar en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron a los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y al vicerrector, Ignacio Martín Baró.

También fueron asesinados los sacerdotes españoles Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.

Por el múltiple crimen que conmovió a la comunidad internacional fueron juzgados nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, coronel Guillermo Alfredo Benavides, culpado de todos los crímenes y condenado a 30 años de cárcel.

Benavides fue liberado el 1 de abril de 1993, tras promulgarse la ley de amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).


A pesar de esta ley, el presidente de la Apdhe, Manuel Ollé, afirmó que la querella se presenta porque “ningún país, ningún Estado puede dictar leyes de impunidad para autoprotegerse, para autoamnistiarse cuando se produce una vulneración de la vida, de la libertad y de la integridad física de las personas”.